El Consejo de Cuentas destaca la aceptación de sus recomendaciones

La memoria del Consejo de Cuentas pone de relieve que el grado de aceptación de las 80 recomendaciones registradas a los entes fiscalizados por la institución propia en los informes de 2022 se situó en el 65 por ciento, es decir, dos de cada tres fueron asumidas. Concretamente, se aplicaron de forma íntegra o parcial un 56 por ciento de ellas, el mejor porcentaje de la serie histórica junto al registrado en 2019.

De ahí que Cuentas valores el «amplio» reconocimiento a la ‘auctoritas’ del Consejo que tiene su reflejo en la mejora de la gestión de los recursos públicos, en el derecho a una buena administración reconocido en el marco del Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado. «Se puede legítimamente afirmar que el control externo ejercido por el Consejo de Cuentas contribuye a reforzar las garantías de derechos de las personas de la Comunidad, especialmente en lo referido al gasto público», destacó en un comunicado recogido por la Agencia Ical.

En los cinco años y medio del presente mandato, el Consejo ha realizado más de 700 recomendaciones, de las más de 2.400 efectuadas en toda la serie histórica. Por otra parte, el índice de rendición de cuentas por las entidades locales de Castilla y León, especialmente de los ayuntamientos, se sitúa por encima de la media de las comunidades autónomas. En concreto, habían rendido sus cuentas el 74 por ciento de ellos al cierre del ejercicio y en la actualidad han cumplido con esta obligación más del 86 por ciento, singularmente los de las provincias de Salamanca y Zamora, con el 89 por ciento, y de Palencia y Valladolid, el 88 por ciento.

Con relación a su función fiscalizadora, el Consejo emite informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización. De esta manera, entre los 15 informes aprobados por el Pleno en 2023 y comunicados al Parlamento destacaron, por su trascendencia, algunos como el de análisis de la gestión del programa presupuestario de deuda pública de la administración de la Comunidad, que puso de manifiesto la existencia de una infrafinanciación media de 395 millones de euros anuales en el periodo 2009-2021, apelando, por ello, a la revisión del sistema de financiación autonómica.

También, cabe reseñar la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos, que reveló cómo se dispararon los gastos sanitarios por el impacto de la pandemia, llegando a representar hasta el 38 por ciento del gasto de la Comunidad en 2020.

La memoria de actividades, que fue entregada por Mario Amilivia al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, contiene los datos fundamentales sobre la organización.