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PP y Vox aprueban en solitario la Ley que innova la gestión cultural

La Ley desarrolla «diez grandes novedades», como la creación de un censo del patrimonio

El procurador socialista Juan Luis Cepa. ICAL

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EP
Valladolid

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Los grupos parlamentarios de PP y Vox han aprobado en solitario la Ley de Patrimonio Cultural que, como ha defendido el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, supone un avance «importante y fundamental» en la gestión «integral e innovadora» del patrimonio de la Comunidad.

Así, la normativa, que ha contado con los votos en contra de todos los grupos de la oposición —PSOE, UPL-Soria Ya, Por Ávila, UP y Francisco Igea— «pone en valor» la gestión del patrimonio, algo novedoso a juicio de Santonja, ya que no se centra únicamente en la conservación de los bienes. Santonja ha considerado durante su defensa de la norma en las Cortes que se trata de una normativa de Patrimonio «dialogada», ya que, como ha relatado, de las 258 enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, un 43 por ciento de las del PSOE, un 34 por ciento de las de Soria YA, un 34 por ciento de las de Unidas Podemos, un 27 por ciento de las de UPL y un 15 por ciento de las del procurador Francisco Igea «han sido total o parcialmente aprobadas mediante transacciones e incorporadas al texto final». «Este esfuerzo de aproximación de posturas nos debe permitir sentirnos orgullosos», ha asegurado el consejero, quien ha destacado que «el patrimonio es de todos, es un bien común y esta ley parte de esa certeza y quiere compartirla».

Santonja ha insistido en que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León tiene «cuatro hitos básicos» que se basan en «una nueva concepción del patrimonio cultural», «un enfoque sistémico e integral», «el papel de los agentes implicados en la gestión del patrimonio desde una visión de corresponsabilidad» y «un compromiso con la inversión pública en el patrimonio cultural».

Por último, el consejero ha detallado que la Ley desarrolla «diez grandes novedades», entre las que se encuentran la creación de un censo del patrimonio cultural, el mantenimiento del máximo nivel de protección para los bienes de interés y la introducción de la figura de gestión del patrimonio.

Tras la intervención del consejero, el procurador del Grupo Parlamentario Socialista José Ignacio Martín Benito ha argumentado el voto en contra de los socialistas a esta nueva normativa, así, ha asegurado que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León supone «una oportunidad perdida», ya que todavía se está esperando que se cumplan «los artículos fundamentales» de la anterior ley de 2002. «Hasta ahora ha estado vigente esta ley, la Ley de 2002 de Patrimonio Cultural de esta comunidad. Veintidós años llevaba vigente esta ley, más de dos décadas y los artículos fundamentales de esta ley todavía estamos esperando que se cumplan», ha lamentado Martín Benito en el Pleno de las Cortes.

El socialista ha criticado que el Gobierno de Castilla y León «se ha cargado la figura de los espacios culturales y no han sido capaces de crear la dovela central, la clave de bóveda, que es la financiación». Asimismo, ha señalado que el Grupo Socialista presentó «un total de 111 enmiendas parciales, además de la enmienda a la totalidad» a este proyecto de ley, pero se ha encontrado «con la cerrazón del gobierno o de los portavoces del gobierno en la ponencia».

UPL-SORIA YA RECHAZAN LA LEY

La procuradora de UPL Alicia Gallego ha defendido las enmiendas de su grupo a esta normativa que, a su juicio, imposibilita una «buena financiación». «Con un presupuesto tan reducido, por mucho que se diga aquí que van a ser un millón, un millón y pico lo que se va a ingresar, es difícil llegar a todas esas aspiraciones y todas esas necesidades que por lo menos la Unión del Pueblo lunes ha venido reiterando, no solamente con esta nueva ley, sino también en todas las comisiones en donde hemos llevado pues todas las propuestas, todas las necesidades y siempre el no era la explicación», ha relatado.

Inversión

La nueva ley tiene el compromiso de la conversión pública en el patrimonio cultural