Vox pasa por alto el órdago de Feijóo a aceptar menores migrantes y lo deja en manos de los presidentes autonómicos

Vox no cree "vinculante" la disposición de Alberto Núñez Feijóo a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas y se ciñe a los pactos de gobierno suscritos con los 'populares' regionales, que "no se han firmado" con el líder del PP.

El Gobierno quiere reformar la Ley de Extranjería para posibilitar que menores migrantes no acompañados puedan ser distribuidos por las autonomías para aliviar la carga de Canarias. El PP no se opone y este asunto ha abierto una nueva brecha en la relación con Vox, que rechaza de plano esta distribución, con especial énfasis en las comunidades en las que cogobierna con los 'populares'.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya avisó el viernes de que el reparto de menores "amenaza" los pactos de gobierno y pidió a sus socios "lealtad" para cumplir los acuerdos alcanzados en esta materia. Las medidas consensuadas entre PP y Vox de cara a la conformación de los gobiernos autonómicos incluyen la retirada de subvenciones a las "mafias de tráfico de seres humanos", por ejemplo.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha señalado en rueda de prensa que su partido "entiende" que las declaraciones favorables sobre el reparto de migrantes que pueda hacer Feijóo "no son vinculantes", y han insistido en que los pactos se cumplan y se respeten.

"Vox no pretende más que cumplir y que se cumplan esos acuerdos de gobierno, que son muy claros en esta cuestión", ha indicado, antes de hacer hincapié en que su partido "no gobierna con Génova 13 ni Feijóo", sino con los 'populares' autonómicos. En esta línea, ha asegurado que a Vox "no le cabe en la cabeza" que estos tratos se incumplan.

Por otro lado, Figaredo ha desligado este martes el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiar los delitos de malversación del 'procés' de la posibilidad de que se repitan las elecciones en Cataluña celebradas en mayo. En concreto, ha dicho que "no cree realmente" que la decisión del Alto Tribunal "debiera tener un impacto en las elecciones catalanas".

Si bien ha reconocido que "el panorama electoral" en Cataluña "está en absoluta precariedad", ha señalado que "la culpa no es de una decisión judicial" y la ha atribuido al Gobierno por "vender a España y alcanzar acuerdos sobre cuestiones que no podía conceder", en alusión al perdón a los delitos enmarcados en el 'procés'.

"Alcanzar acuerdos (de gobernabilidad) en Cataluña es imposible precisamente por todo esto, por poner en valor a quienes engañan, roban, violentan a la nación española y, por el contrario, criminalizar a quienes la defienden", ha agregado el diputado de Vox.

En esta línea, también ha querido valorar la decisión del Supremo como "la consecuencia lógica" para alguien "que ha incumplido la ley". Asimismo, cree que la Ley de Amnistía se ha redactado "con una técnica legislativa nefasta", además de "ser indigna en lo moral y en lo material".

"En este caso, pues es un juez (Pablo Llarena), pero como en tantas otras ocasiones en la historia de España han sido unos pocos individuos los que han defendido la legalidad y la dignidad de España", ha zanjado.