Castilla y León cree que sería "deseable" que la Conferencia de Presidentes se celebre sin que lo exija la justicia

La Junta de Castilla y León mantiene que sería “deseable” que el Gobierno convocara la Conferencia de Presidentes sin esperar a que un tribunal lo exija, tras el anuncio de la Comunidad, además de otras autonomías gobernadas por el PP, de que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, puesto que han sido ya diez las que lo han solicitado, sin que su petición se haya tenido en cuenta.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda explicó que la Comunidad mantiene su decisión de presentar el recurso avanzado este lunes por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, pero señaló que el “mero anuncio” ha tenido un “primer aspecto positivo”, ante la reacción del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fijó para septiembre la Conferencia de Presidentes.

En ese sentido, Fernández Carriedo consideró que “no sería bueno” que se dilatara “mucho” la celebración de la Conferencia de Presidentes, porque además recordó que su propio reglamento establece que puede ser convocada por el presidente del Gobierno o por una mayoría de comunidades, que en este caso son diez las que lo han pedido. Además, apuntó que están sobre la mesa “temas muy importantes”, algunos “urgentes", como son la inmigración y la acogida de menores migrantes no acompañados, la formación de profesionales sanitarios y la financiación autonómica.

De momento, la Junta no ha interpuesto el recurso contencioso administrativo, pero insiste en exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque la conferencia que los ‘populares’ exigen como una de las condiciones para sentarse a negociar la reforma de la ley de extranjería. También, quieren que se aborde en este órgano la modificación del sistema de financiación autonómica, que para el portavoz de la Junta tiene “actualidad”, ante la negociación para la formación de un gobierno en Cataluña, presidido por Salvador Illa (PSC).