La Junta alega que la Ley de la Amnistía vulnera 14 artículos de la Constitución

El recurso que la Junta de Castilla y León presentará contra la Ley de Amnistía, y que fue aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, considera que la norma aprobada por el Parlamento a iniciativa del Ejecutivo nacional vulnera «al menos» 14 artículos de la Constitución española.

Así lo dio a conocer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que desgranó el «amplio y detallado» acuerdo adoptado por la Junta, que cuenta con más de 20 folios, y que será enviado por los servicios jurídicos de la Consejería al Tribunal Constitucional antes del próximo 11 de septiembre, fecha en que se cumple el plazo para recurrir la ley.

En sus declaraciones, González Gago apuntó que «fácilmente se puede asegurar» que el recurso de la Junta se presentará el próximo 10 de septiembre, y mostró su confianza «del cien por cien» en que el Tribunal Constitucional lo estime, ya que existe «argumentación suficiente para entender que la Ley de Amnistía debe decaer».

Dicha argumentación queda dividida en el recurso en cuatro bloques, que fueron desgranados por Gago ante los medios. En el primero, el consejero de la Presidencia defendió la «legitimación» de la Junta para recurrir la Ley de Amnistía puesto que, en su opinión, «quiebra el principio de igualdad como derecho fundamental de los españoles», recogido en el artículo 14 de la Constitución, así como la igualdad territorial que aparece en el artículo 139 de la Carta Magna.

Asimismo, el Gobierno autonómico se considera legitimado por la afectación que esta ley tiene sobre los ciudadanos de Castilla y León que «residen o trabajan en Cataluña» y que, según Gago, ven «vulnerados sus derechos» por los posibles daños recibidos por las acciones delictivas que la ley ahora amnistía. En este ámbito también incluyó el consejero de la Presidencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron en Cataluña durante el 1-O y que procedían de Castilla y León.

Una vez defendida su legitimación, la Junta aborda en el segundo bloque la propia crítica jurídica a la Ley de Amnistía, revelando que «quiebra el estado de derecho» que recoge el artículo 1.1 de la Constitución porque supone «el incumplimiento del mandato constitucional de respeto» a la propia Carta Magna y trata de aprovecharse de que la figura de la amnistía no existe para recogerla, algo que, a juicio de Gago, supone que las Cortes actuales «se sitúen en la misma situación que las constituyentes», cuando «no pueden hacerlo».

El Gobierno autonómico reivindicó además ser «el primero» que articula un acuerdo de este tipo en el que expresa los fundamentos legales con los que llevar su recurso al Tribunal Constitucional, ya que otras comunidades que han anunciado su intención de recurrir la Ley de Amnistía «no han llegado al nivel de detalle» alcanzado por la Junta.

El voto particular emitido por uno de los cuatro consejeros del Consejo Consultivo de Castilla y León, en el que rechazaba que la Junta de Castilla y León pudiera recurrir la denominada Ley de Amnistía, ha pedido al Gobierno autonómico que aplique el «principio de autocontención».

Ese voto, emitido por el consejero Francisco Ramos en contra de la opinión de los otros tres integrantes del Consultivo, ha aludido al argumento de la Junta de recurrir la ley para defender los intereses de los castellanos y leoneses que residen en Cataluña.