Vox apoya a Mañueco en la ley de blindaje de servicios públicos

El pleno de las Cortes aprobó ayer la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, presentada por el Grupo Popular, que salió adelante con el acuerdo con Vox, que apeló a «la coherencia», pese a la ruptura del pacto de Gobierno el pasado mes de julio.

El popular Miguel Ángel García Nieto cerró filas con la norma y volvió a rechazar todas las enmiendas de los grupos de la oposición, cuyo voto fue en contra, ya que tanto PSCyL, UPL-Soria Ya y Mixto (Francisco Igea) dudaron de la eficacia de esta ley y de que en la práctica garantice el blindaje de la sanidad, educación y servicios sociales.

El socialista reconoció que puede existir falta de médicos pero acusó a la Junta de no hacer los deberes en la convocatoria para cubrir las plazas MIR autorizadas y lamentó que esta ley no contemple los puestos de difícil cobertura. «No garantiza nada, es un virgencita que me quede como estoy», remató. «Está ley blinda los servicios para que no se pueda retroceder, solo ir hacia arriba», replicó el popular.

En la defensa de sus enmiendas, el leonesista José Ramón García argumentó que la accesibilidad no está garantizada por la falta de transporte público y que la dispersión evita que los recursos lleguen en igualdad de condiciones. En sus propuestas, solicitó reforzar la atención sanitaria y la existencia de un centro de especialidades a no menos de 50 kilómetros en los núcleos rurales de un municipio grande. En otra de las enmiendas, proponen que la consulta de un día a la semana sea obligatoria para todos los núcleos de menos de 100 habitantes, con lo que eliminan lo establecido en la norma de que en el caso de los menores de 50 habitantes se reduzca la consulta a la demanda. Por su parte, la sorianista Vanessa García, que lamentó que solo se hayan admitido tres de sus enmiendas, reclamó incentivos para los puestos de difícil cobertura, corregir los picos de atención en la red de consultorios rurales, reforzar los consultorios locales. «Estamos en la consumación del timo de la estampita», inició el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que dudó de que el blindaje que se propone sea real cuando la supresión de un servicio se tomará por el Consejo de Gobierno sin respetar lo que hayan votado las Cortes. Según recoge la ley, su finalidad es garantizar a los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación en el territorio de los servicios públicos de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales.

Contempla que la propuesta de supresión de un servicio se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes como una Comunicación de la Junta para su debate. Tras el resultado de la votación, la Junta decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona.