Las Cortes reclaman una mejora en la normativa que regula el uso de los contratos menores

Todos los grupos políticos con representación de las Cortes de Castilla y León apuntaron hoy a la necesidad de mejorar la normativa que regula el uso de los contratos menores. El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que esta tarde presentó en el Parlamento regional un informe de fiscalización de la Junta al respecto, aseguró que las incidencias detectadas, dentro de un cumplimiento de la legalidad “razonable”, suponen “vicios de carácter administrativo”, a la vez que recalcó que el informe fue remitido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, organismo que no ha apreciado hechos punibles.

Amivilia, además de insistir en que no se aprecia “responsabilidad contable” en ningún caso y de argumentar que el Consejo de Cuentas no “juzga” a ninguna empresa privada, también informó de que la Junta ha comunicado que acepta “parcialmente” las recomendaciones que recoge el informe.

Desde el Partido Popular, el procurador David Beltrán, reclamó que para prevenir la fragmentación de contratos menores éstos deben ser monitorizados para que no se comprometa la competitividad y se garantice el acceso en condiciones de igualdad, a la vez que planteó que existen áreas de mejora para que este tipo de contratación sea más “eficiente, transparente y justa”. A su vez, también advirtió que el PP siempre acepta este tipo de recomendaciones, aunque luego la Junta “nunca las cumple”.

Mientras tanto, desde el Grupo Socialista Laura Peregrina, denunció que en ningún contrato menor se han introducido aspectos sociales y argumentó la necesidad de una mayor transparencia y de establecer criterios objetivos en el reparto de la publicidad institucional, para que no se convierta en una “herramienta partidista” dedicada a la propaganda y a comprar “la opinión de los medios”.

Desde Vox, Javier Teira reconoció que con el uso de la contratación menor se genera una dicotomía entre la agilidad y la eficacia, y la legalidad, e insistió en la necesidad de reforzar la normativa para evitar la falta de competitividad y el favoritismo, y también reclamó mecanismos más estrictos para evitar la fragmentación de los contratos. “Hay que introducir mejoras en la legalidad. Además de ser decentes, también hay parecerlo”, sentenció.

Mientras tanto, desde el Grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García, también reclamó a la Junta que acepte las recomendaciones, ya que las irregularidades en este tipo de contratos generan muchas dudas sobre lo que debe de ser una administración ejemplar. Además, también reclamó que desde el Gobierno autonómico se den explicaciones, en especial por las partidas destinadas a medios de comunicación.

"Pseudomedios"

Por último, desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), lamentó que la Junta no sea “escrupulosa en el cumplimiento de la legalidad y transparencia” en esta materia y denunció que buena parte de los contratos menores benefician a “pseudomedios de comunicación que solo se dedican a difundir bulos y mentiras para dañar a los adversarios políticos del PP y glorificar a Mañueco”. En este sentido, aseguró que se trata de una “técnica torticera” y que bordea la legalidad, por lo que no descartó iniciar accione legales.

Además, aseguró que el 0,8 por ciento de los contratos a los que presumiblemente se ha recurrido a la fragmentación, según se desprende del informe del Consejo de Cuentas, suponen 2,1 millones de euros, “que van a manos de empresas propiedad de amigos íntimos del Partido Popular”.