Junta y PSOE acuerdan reforzar el carácter público del futuro Servicio Regional de Empleo
El viceconsejero de Trabajo de la Junta de Castilla y León, José Alberto Ambrós, y el portavoz autonómico de Industria del PSOE, Jorge Félix Alonso, acordaron ayer la introducción de modificaciones al anteproyecto de ley de creación del Servicio de Empleo Público que refuerzan su carácter público, el control, la presencia de los entes locales en este órgano y ponen fecha de caducidad al Servicio Regional de Colocación. Ambrós y Alonso se reunieron ayer para materializar el acuerdo entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el líder del PSOE en Castilla y León, Ángel Villalba, relativo a que la ley que creará el futuro Servicio de Empleo Público, que gestionará las oficinas del Inem, se apruebe por lectura única en el último pleno de las Cortes. El viceconsejero afirmó que el acuerdo entre Junta y PSOE es «total», lo que supondrá la mejora del texto, cuyo modelo no se altera con la inclusión de las propuestas socialistas, y añadió que a finales de marzo la creación del Servicio Público de Empleo estará en el Boletín Oficial de la Comunidad. Por su parte, Jorge Félix Alonso explicó que el texto incorpora 28 propuestas de su grupo aunque son dos las que pueden considerarse de fondo, las relativas a reforzar el órgano como servicio público y la entrada de los entes locales en el Consejo General de Empleo y en las comisiones provinciales. Alonso, pese a quejarse de que el proyecto se tenga que aprobar por lectura única, resaltó que doce meses después de la entrada en vigor de la ley se deberá extinguir el Servicio Regional de Colocación, criticado desde su inicio por la oposición, de tal forma que el Consejo General de Empleo deba ser informado de la intermediación y reinserción concertada. También se dotará de mayores medios humanos y técnicos al futuro Servicio Público de Empleo para que desarrolle su trabajo con mayor eficacia. En cuanto a la presencia de los ayuntamientos en los órganos del Servicio, el portavoz socialista explicó que la vía que se encontró está en que tengan voz pero no voto, dado que existe un acuerdo entre la Junta y los agentes sociales para que la estructura sea paritaria y tripartita. Por su parte, IU ha condicionado su apoyo a que en el anteproyecto se recojan diversos aspectos referentes a la participación, que se limite la presencia privada y que los ayuntamientos puedan tener «voz y voto» en la estructura administrativa del Servicio de Empleo.