El PSOE se siente desvinculado del consenso sobre la Ley de Cajas
El portavoz del Grupo Socialista, José Francisco Martín, anunció ayer que no darán su apoyo a la modificación de la Ley de Cajas porque su grupo se siente desvinculado del acuerdo con que se aprobó la normativa regional el pasado mes de junio, y acusó a la titular de Economía de haber roto el consenso con el desarrollo unilateral de la norma de las entidades de ahorro de la comunidad. Martín explicó el contenido de las 47 enmiendas parciales presentadas por su grupo a la Proposición de Ley del Grupo Popular para la adaptación de la Ley de Cajas de Castilla y León a la Ley Financiera Estatal, y se mostró convencido de que sus propuestas para mejorar la normativa «caerán en saco roto». La consejera rompió el acuerdo De entrada, el portavoz proclamó que su grupo votó a favor de la Ley de Cajas, el pasado mes de junio, por «responsabilidad política» pese a entender que no era necesaria, cuando las entidades estaban en un proceso de renovación electoral, ni urgente, ya que se estaba a la espera de la aprobación de la ley estatal, que es legislación básica. A su entender, a parte de que el Grupo Socialista votara en contra de la Ley Financiera en el Congreso y Senado, la consejera rompió el consenso cuando elaboró el Reglamento y las distintas órdenes, entre ellas las que afectan a entidades generales u obra social- que van a desarrollar la Ley de junio de 2002. «Nos sentimos desvinculados del consenso, entonces se hizo para dar estabilidad al sector», advirtió. Las fusiones, en las Cortes También criticó que la Junta haya delegado en el Grupo Popular la iniciativa de revisar una chapuza y acusó a Carrasco, como ya lo hiciera en el debate de toma en consideración de la Propoisición de Ley, de cobardía por no haber presentado un proyecto de ley para efectuar los cambios, pero «la prepotencia la lleva a no reconocer los errores». El Grupo Socialista pide en sus enmiendas que la fusión de cajas cuente con el consentimiento de las Cortes -la Ley lo atribuye sólo a Gobierno y Junta-; la aplicación de incompatibilidades más severas para altos cargos de la Administración o personal al servicio de las administraciones públicas que accedan a cargos en las cajas, pasando dos años desde la salida del puesto anterior; la creación de una comisión especial de seguimiento de alianzas estratégicas y la creación de la figura del Defensor del Cliente. Además, proponen modificar los porcentajes de representación de los grupos -fueron pactados por el presidente de la Junta y el líder del PSCL en la Ley actual- para aumentar los miembros de impositores y de trabajadores y disminuir la presencia política con el fin de que no llegue al cincuenta por ciento.