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Acusan al dueño de la vivienda de Valladolid afectada de homicidio imprudente por manipular la cocina

El fiscal pide seis años de cárcel por tres muertes en una explosión de gas

Miembros de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional que elaboraron un informe sobre las causas de la explosión registrada el 17

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VALLADOLID. EP

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Durante la segunda jornada del juicio que se sigue desde este lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid contra el propietario del piso 4º-H del número 5 de la calle Tierra de la capital castellana, Miguel Ángel S.J., la Policía Científica descartó que la cocina de gas hubiera sido desplazada por la onda expansiva, y se decantó por la hipótesis de que había sido movida por alguien, lo que había conllevado su desconexión de la toma flexible por la que, supuestamente, salió gas durante catorce horas. Los peritos explicaron que la detonación pudo producirse sobre las siete de la mañana del día 17 de febrero del 2000, cuando el acusado accionó el interruptor de la luz en su dormitorio, donde fue hallado. Dicho informe avalaría la postura de las acusaciones pública y privada, en el sentido de que el acusado, albañil de profesión, cometió una imprudencia al desconectar la cocina de gas para poder así colocar las baldosas de la galería en la que estaba trabajando. Frente a dicha versión, el perito de la defensa mantuvo que la fuga de gas partió de un tramo de tubería que presentaba una soldadura defectuosa, lo que permite al defensor sostener que los responsables de la tragedia son la empresa instaladora, Diupa, y Gas Castilla y León, empresa esta última encargada de velar por que el gas mantenga un componente odorizante para que los usuarios puedan percatarse a través del olfato de posibles anomalías. El juicio concluirá hoy con la exposición de las conclusiones definitivas por parte de todas las partes personadas en el caso, aunque el Ministerio Fiscal anunció ya que mantendrá su petición de seis años de cárcel para el acusado, al que imputa tres delitos de homicidio imprudente, cuatro de lesiones por imprudencia y un delito de daños, además del conjunto de indemnizaciones a las que debería de hacer frente y de las que serían beneficiarias las familias de los tres fallecidos y el resto de los vecinos del inmueble que sufrieron lesiones y desperfectos en sus pertenencias.