El Ayuntamiento de la cabeza de Castilla afirma que el cierre decretado fue «manifiestamente ilegal»
Burgos reclama 91.000 euros a la Junta por el cierre de su vertedero
El Ayuntamiento de Burgos reclamará a la Junta de Castilla y León 91.000 euros por los daños económicos causado por el cierre del vertedero de A
Manuel Ortega indicó que el Ayuntamiento, además, interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la orden de cierre cautelar decretada por la Consejería de Medio Ambiente el 19 de febrero de 2003, como consecuencia de los vertidos de lixiviados a los cauces fluviales de la zona. La Junta de Castilla y León, tras ordenar el cierre cautelar del recinto, instó al Ayuntamiento para aplicar medidas correctoras que garantizasen el cese del escape de lixiviados y la gestión adecuada del vertedero y levantó la orden de clausura de las instalaciones el 25 de febrero. Según Ortega, la Administración autonómica no era la competente para intervenir en este caso, sino la Confederación Hidrográfica del Duero, que en ningún momento ha abierto expediente por entender que se trató de un accidente sin consecuencias para el medio ambiente. Indicó que ante un caso idéntico de escape de lixiviados a cauces fluviales ocurrido en el vertedero de Villarcayo (Burgos), los técnicos de la Junta, en un informe escrito, reconocen que la Administración regional no es competente para actuar, lo que en su opinión demuestra que en el caso del vertedero de la capital burgalesa pudo cometerse un supuesto delito de prevaricación. Contaminación sin demostrar Precisó que todavía la Junta no ha dado a conocer los resultados de los análisis de las muestras tomadas en los cauces fluviales afectados por el escape de lixiviados y que tampoco se conocen los del Seprona. Ortega afirmó que los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y de la Dirección autonómica de Calidad Ambiental no deberían seguir en sus cargos por su supuesta irregular actuación en el caso del vertedero de Abajas. El edil de Medio Sanidad y Ambiente y de la coalición Izquierda Unida negó que este anuncio de inicio de acciones legales tenga una finalidad electoralista, al realizarse un día antes del las elecciones municipales y autonómicas, y precisó que el jueves acabó el plazo para que la Junta contestara al recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento contra el decreto de cierre, por lo que han decidido seguir acciones legales.