No hay quien conozca este verano a los procuradores

Para estar en julio, mes normalmente inhabil en el castillo de Fuensaldaña, los parlamentarios castellanos y leoneses están que no paran. Esta semana se han constituido las 17 comisiones en las que se divide la actividad de la Cámara Legislativa, con lo que concluye el periodo extraordinario que se abrió a principios de este mes con motivo del proceso de constitución del nuevo Gobierno autonómico. La dirección de los dos grandes grupos parlamentarios ha coincidido en el criterio con el que han repartido la responsabilidad en todas estas comisiones (la UPL tiene claro que la portavocía es para uno o para otro). Así, tanto PP como PSOE han decidido dar cabida al mayor número posible de procuradores en los puestos más participativos de las comisiones, de manera que se acabe con la idea de que algunos parlamentarios sólo pisan Fuensaldaña para levantar la mano en las votaciones y cobrar las correspondientes dietas. Sólo un leonés, el popular Fernando de Arvizu, presidirá una de estas Comisiones, la de Educación, mientras que uno de los procuradores más activos, Antonio Losa, no llevará ninguna portavocía con el objeto de facilitar una mayor participación a los nuevos parlamentarios. Con el trámite de constitución de las Comisiones, los 82 procuradores de la comunidad darían por terminado su trabajo en Funesaldaña hasta el próximo mes de septiembre. Sin embargo, y aunque parezca mentira, los grupos parlamentarios se han puesto las pilas este verano y, cualquiera que no los conozca, creería que quieren acabar en un día con asuntos que llevan ocho años esperando. Es el caso de la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, un documento pactado y trabajado hace dos legislaturas que desde entonces está durmiento el sueño de los justos. Para revivirlo, los portavoces del grupo parlamentario y socialista, José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Villalba, se reunieron por primera vez esta semana en las Cortes. ¿El resultado de este encuentro? Dejando a un lado que se olvidaron de invitar a la Unión del Pueblo Leonés, bastante positivo puesto que ambos grupos acordaron crear un pequeño grupo de trabajo para conseguir que la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico esté lista el próximo otoño. Entre las principales cuestiones en las que tendrán que ponerse de acuerdo, la necesidad de celebrar tres plenos al mes y el tipo de plenos que serán: de control al ejecutivo o legislativos. El otro gran asunto de esta reunión fue el guante lanzado por el presidente Herrera a los grupos parlamentarios: cerrar en un año un amplio acuerdo político para impulsar políticas que frenen el principal problema de Castilla y León, la despoblación. Del mismo modo que con el Reglamento, y al igual que sucede con casi todo, el primer punto de acuerdo al que llegaron los dos políticos fue el de formar otro grupo de trabajo cuya principal misión será elegir a los expertos que elaborarán el Libro Blanco sobre despoblación previo al gran Pacto que deberán firmar los dos grandes partidos. Dada la importancia de este Pacto sobre despoblación, cuyas medidas sobrepasarán los límites de la legislatura, los portavoces del PP y del PSOE señalaron que los dos procuradores de la Unión del Pueblo Leonés también están invitados a las reuniones del grupo de trabajo, que se constituirá la semana que viene. Todo un detalle porque, para ser un pacto vital para la comunidad, son muy pocos los participantes oficiales. Semana de nombramientos Ya en el ámbito del Ejecutivo autonómico, ésta ha sido la semana la del empujón a los nombramientos de altos cargos. En total, la Junta ha nombrado a 21 de sus responsables de área, que sumados a los diez designados a lo largo del més, suponen un total de 31, más del 60% del total. Además, a todos ellos hay que añadir el nombramiento de siete nuevos delegados territoriales. Sin embargo, Juan Vicente Herrera no ha logrado completar todavía el organigrama del nuevo Ejecutivo autonómico. Cuando se cumplen dos meses exactos desde la celebración de las elecciones autonómicas, aún faltan por nombrar tres directores generales y, lo que es más grave, a los responsables del departamento más vinculado al propio Herrera: la denominada área de Presidencia, de la que, hasta ahora, no se sabe nada.