La Junta aportará ayudas a los represaliados en la Guerra Civil

Alrededor de 350 castellanos y leoneses que sufrieron prisión durante la Guerra Civil y la posguerra españolas podrán acceder a la nueva línea de ayudas de la Junta de Castilla y León, que supondrá 1,5 millones de euros, y que rebaja las exigencias de la anterior convocatoria. Las ayudas, que recoge un decreto aprobado ayer en Consejo de Gobierno de la Junta, amplía la cobertura de las prestaciones del de junio de 2001, según señaló el consejero portavoz, Antonio Silván, en rueda de prensa. La nueva regulación de las ayudas suprime el periodo mínimo de tres meses de privación de libertad como requisito para acceder a la prestación y elimina la necesidad de que los hijos tengan que tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento para ser perceptores de pensión. Siguiendo las recomendaciones del Procurador del Común en su último informe anual, presentado en las Cortes autonómicas el pasado septiembre, la nueva regulación flexibiliza la acreditación de la permanencia en prisión, al admitir ampliamente su constancia mediante cualquier documento emitido por una entidad pública competente en la materia. Asimismo, no establece, a diferencia del anterior decreto, un plazo de presentación de solicitudes por tener la convocatoria carácter indefinido. Indemnizados La Junta de Castilla y León ha indemnizado a 282 castellanos y leoneses que se vieron privados de la libertad por motivos políticos durante el régimen franquista, con un total de 1.300.000 euros, aunque los solicitantes fueron 402. Unos 70 solicitantes no pudieron demostrar que estuvieron en prisión, porque no siempre Instituciones Penitenciarias los tiene registrados, aspecto en el que el Procurador del Común reclamó una menor rigidez. Los beneficiarios de las indemnizaciones son represaliados políticos, o sus herederos, a los que fue aplicada la Ley de Amnistía de 1977 pero quedaron fuera de las compensaciones previstas en las leyes de Presupuestos del Estado para 1990 y 1992, por no cumplir algunos de los requisitos exigidos. La Junta convocó en 2001 la solicitud de estas indemnizaciones después de que las Cortes de Castilla y León aprobaran una proposición no de ley presentada por IU.