Los ciudadanos de la comunidad, de los más dispuestos a donar órganos

? El nivel de donaciones renales registradas en España en el último año sitúa al país en el primer puesto europeo en esta materia, ya que el 79,2% de las familias optaron por donar el órgano, frente al 19,8% que negaron su uso para ser trasplantado. Así lo manifestó ayer en Segovia la representante de la Coordinadora Regional de Trasplantes, Carmen Estébanez, que intervino en una jornada informativa organizada por la Asociación Segoviana para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), en la que participaron cerca de medio centenar de enfermos renales de la provincia. La doctora Estébanez destacó el espectacular aumento registrado en las donaciones renales en los últimos 15 años, pasando de las 550 de 1989 a las 1.409 que se realizaron durante el pasado año en España. Asimismo, señaló que el índice de negativas familiares a la donación en Castilla y León es uno de los más bajos de toda España, ya que sólo veinte de cada cien familias a las que se les solicita que donen los órganos de su familiar fallecido expresan su rechazo o negativa. Zonas menos generosas La representante de la coordinadora de trasplantes aseguró que este porcentaje es mucho mayor en otras comunidades como Extremadura, donde las negativas familiares alcanzan casi el cuarenta por ciento de los casos. Indicó también que el Sistema Nacional de Trasplantes hace prácticamente imposible cualquier caso de tráfico de órganos en España, ya que la seguridad es absoluta en todo momento debido a los precisos controles que se establecen en esta materia. «Hay que tener en cuenta también que de cada millar de trasplantes realizados en España, sólo el 0,8% se realiza entre personas con vida, mientras que en otros países como EEUU el porcentaje se eleva hasta el veinte por ciento», manifestó la doctora Estébanez. Con respecto a Castilla y León, la doctora Estébanez explicó que el traspaso de competencias del Insalud a la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) no ha supuesto cambios significativos para los enfermos renales, cuyo marco legal sigue siendo la Ley General de Sanidad o la Ley Regional sobre Derechos y Deberes de los Pacientes. Indicó que el cambio más grande para los pacientes renales ha sido el referido a las diálisis realizadas en otras comunidades, ya que antes cada comunidad pagaba su parte correspondiente del tratamiento, mientras que ahora es el hospital de destino quien paga.