Más de 9.000 funcionarios optarán a plazas de la Administración Central

Castilla y León se convirtió ayer en la primera autonomía que firma con el Ministerio de Administraciones Públicas un acuerdo marco para la movilidad funcionarial, que si es suscrito por todas las regiones beneficiará a 255.000 funcionarios de carrera autonómicos y de la administración central. El acuerdo, rubricado ayer por la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en la sede del Ejecutivo autonómico, el Colegio de la Asunción de Valladolid, afectará en esta Comunidad a 9.978 funcionarios de carrera y a 147.000 de la Administración del Estado. Merced al acuerdo, los concursos de puestos de trabajo de la Junta de Castilla y León y de la Administración del Estado recogerán un mínimo del cinco por ciento de las plazas para propiciar esta movilidad geográfica que permita mejorar el servicio al ciudadano, colmar las aspiraciones de los funcionarios de carrera y conciliar su vida laboral y familiar. Requisitos Castilla y León, según recordó su presidente, ya cumple con creces este requisito, ya que cerca del 11 por ciento de sus plazas, más de 1.734, son puestos que pueden ocupar funcionarios de otras administraciones, aunque no existía hasta ahora una reciprocidad con otras autonomías y la función pública del Gobierno central. El acuerdo, al que en las próximas semanas se incorporarán comunidades como Valencia y Galicia, y al que ya han expresado su deseo de adhesión Baleares, Murcia, Cantabria, Cataluña, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, parte de un «exquisito respeto a las competencias de cada administración», puntualizó la ministra. García-Valdecasas también subrayó que este acuerdo marco respeta la normativa de las comunidades que tienen dos lenguas oficiales, que en el caso de Cataluña el conocimiento del catalán será «requisito previo» para concursar al traslado, mientras que otras autonomías. Acuerdo histórico Este marco de colaboración, abierto a todas las Comunidades, fue calificado de «histórico» por la ministra, quien subrayó que se inscribe dentro del marco del diálogo social y los acuerdos de 13 de noviembre de 2002. Sus objetivos principales son contribuir a la «mejora de la calidad, eficacia y cercanía en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y dar satisfacción a la tradicional aspiración de los empleados públicos de disponer de una auténtica movilidad geográfica y funcional». Esta movilidad «desde la implantación del Estado de las Autonomías se había visto realmente disminuida», argumentó la titular de Administraciones .