Más de 300 personas protestan contra una planta de biomasa

Unas 300 personas, según fuentes municipales, y unas 500 según la organización, se concentraron ayer en Baltanás (Palencia) para exigir al Ayuntamiento la convocatoria de un referéndum para que los vecinos decidan la puesta en marcha o no en la localidad de una planta de biomasa. Los representantes de la Coordinadora contra la Planta de Biomasa, entidad organizadora de la concentración, advirtieron a los vecinos que la incineradora, que cuenta con el informe favorable de impacto medioambiental de la Junta de Castilla y León, «producirá emisión de contaminantes a la atmósfera», y aseguran que estos contaminantes producen enfermedades de tipo respiratorio, problemas gastrointestinales y dermatológicos, «que se acentúan en las personas de mayor edad y niños, además de que se reconoce que existirán dioxinas y furanos, que producen cáncer», dijeron. La coordinadora mantiene que la declaración favorable de impacto medioambiental «es ilegal», al considerar ésta que la distancia de la incineradora al núcleo de Baltanás es de 1.200 metros, «cuando debe ser 2.000 metros mínimo, y además es falsa, porque a la zona de colegios y residentes no hay más de 600 metros», subrayaron. Reiteraron que dicha declaración «es incompleta», ya que a entender de los responsables de la Coordinadora, «no se concretan los permisos de la CHD, las normas urbanísticas, vertidos, residuos peligrosos y ruidos, entre otros aspectos». Los concentrados recordaron en su protesta que el alcalde de esta localidad de unos 1.500 habitantes, Miguel Puertas Cabezudo (PP), «no puede cambiarnos la forma de vida, ni hundirnos el pueblo y la comarca sin consultarnos», por lo que exigen la convocatoria de un referéndum. La coordinadora también mantiene que la planta de biomasa cubrirá ocho de las once hectáreas del polígono industrial y se pregunta «¿qué industrias se ubicarán en las tres restantes hectáreas?». Además, la ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Baltanás Carmen González Martín presentó el pasado 1 de diciembre ante la Fiscalía un escrito por si pudiera haber «alguna infracción penal» en la declaración favorable de la Junta de Castilla y León sobre el estudio de impacto medioambiental.