Protección para la infancia

Uno de los objetivos principales del Gobierno regional para esta legislatura es desarrollar la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León, para asegurar el bienestar de las personas menores de edad, así como profundizar en las mayores garantías que establece para la atención y la protección de niños y adolescentes en la Comunidad. Desde el Gobierno regional se están reforzando las actuaciones en el ámbito específico de la protección, de modo que en la región se protege anualmente, con diversas modalidades, a más de 2.000 niños, de los cuales 800 están bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. Igualmente, se adoptarán las medidas necesarias para que al menos el 50% de los niños del sistema de protección estén en régimen de acogimiento familiar en vez de en centros residenciales, incrementando los apoyos jurídicos, técnicos y económicos a las familias acogedoras. Como pasos previos hacia la consecución de esta ley, la Junta de Castilla y León aprobó hace unos días el decreto por el que se regula qué acciones de protección de los menores de edad se llevarán a cabo cuando se den situaciones de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarlas a cabo. El decreto alude a los destinatarios de la acción protectora, que serán «los menores de edad que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo, así como sus respectivas familias, en la medida en que la intervención sobre ellas contribuya a facilitar la protección de dichos menores desde la estimación prevalente de su interés». Contenido Se establecen diversos programas de protección dependiendo de la gravedad de la situación de desprotección en que se encuentre el menor. Así, pueden ejecutarse los programas de reservación, que tienen como objetivo el evitar la separación del menor de su entorno familiar en las situaciones de riesgo. También existen medidas de separación provisional y posterior reunificación, de separación definitiva de la familia de origen y, finalmente, de preparación para la vida independiente. Asimismo, el decreto regula el apoyo a la familia a la que el menor en situación de riesgo o desamparo pertenece. Este capítulo del decreto integra diversas acciones dirigidas a asegurar la adecuada atención de las necesidades básicas del menor en situación de desprotección y a procurar su bienestar y desarrollo en el medio familiar de origen. Para ello, promoverá en este entorno las mejoras que eviten la separación de la familia del menor o que faciliten el retorno una vez se hayan superado las situaciones de riesgo o desamparo. Otra de las medidas en las que pone especial énfasis la Junta de Castilla y León son los programas de intervención familiar, que pretenden desarrollar la capacitación de la familia para que se ejerza una correcta atención de los menores a su cargo, para lo que se pondrán en marcha medidas de corrección de las carencias y problemas asociados a la aparición o mantenimiento de situaciones de desprotección. Finalmente, se contemplan otras actuaciones de apoyo a la familia, como son el asesoramiento y orientación técnica; la promoción de la convivencia e integración familiar; la educación familiar; los centros de atención a la primera infancia; la ayuda a domicilio y los servicios a cargo de personal voluntario. Entre estos últimos, la tutela, la guarda, el acogimiento familiar y el residencial, así como la promoción y el apoyo a la adopción. Junto a esto, también como medidas encaminadas a la citada ley, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha regulado los Consejos de Atención a la Infancia, el Registro de Atención y Protección a la Infancia, y la habilitación de Entidades Colaboradoras de Mediación en Adopción.