Villalba exige contrapartidas «desde ya» por dejar de ser Objetivo 1 de la UE

El Partido Socialista de Castilla y León quiere abrir con fuerza el nuevo periodo de sesiones en el Parlamento autonómico y por ello registró ayer una extensa proposición no de ley en la que reclama desde una revisión del modelo de financiación autonómica hasta compensaciones por perder la condición de Objetivo 1, así como la agilización las principales infraestructuras viarias de la comunidad. Así, los socialistas reivindican al Estado compensaciones económicas por los desagravios financieros «acumulados durante los últimos años», entre los que enumeró la deuda histórica (que ascendería a unos 15 millones de euros) y la factura farmacéutica pendiente desde diciembre del 2001 (que supondría unos 35 millones de euros). Además, los socialistas reclaman al Gobierno central compensaciones económicas por la mala negociación del traspaso de la Educación y la Sanidad a Castilla y León, lo que supone que a la comunidad «se le debería» cerca de 150 millones de euros anuales. Por otro lado, el Partido Socialista de Castilla y León también puso sobre la mesa la necesidad de concluir cuanto antes las principales infraestructuras previstas en la comunidad, entre las que se encuentra la Ruta de la Plata y la autovía León-Valladolid,, así como el corredor de Alta Velocidad León-Ponferrada-Monforte de Lemos. En este sentido, señaló que el 70% de las vías de gran capacidad previstas por el Estado en Castilla y León están todavía «sin modernizar». En cuanto a los «perjuicios» que para Castilla y León supondrá la pérdida a partir del 2007 de su condición como Región Objetivo 1, Villalba solicitó que se comience «desde ya» a reclamar al Estado los estudios necesarios para que Castilla y León «pueda hacer una transición más cómoda a partir de diciembre del 2006». Otras compensaciones Entre otras cuestiones, en la proposición no de ley del grupo parlamentario socialista también se solicita una compensación económica por el «sobrecoste» que supondrá la aplicación de las modificaciones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) o la Ley de Calidad, así como la no inclusión de Castilla y León en el denominado Fondo para paliar la escasa densidad de población, que según el Partido Socialista, supondría entre 4.000 y 5.000 millones de las antiguas pesetas.