La Junta recurre la sentencia que devolvía el niño de El Royo a su madre

La Junta de Castilla y León ha recurrido el auto del juez de Salamanca Luciano Salvador, de 22 de diciembre, que ordenaba la vuelta de Diego Lucas Bernal con su madre biológica y dejaba sin efecto el acogimiento familiar del menor, según informó ayer la consejera de Familia, Rosa Valdeón. El recurso de la Junta se basa principalmente en que a su juicio persiste la situación de desprotección del menor, conocido como El niño de El Royo , y en que existe situación de riesgo. El auto recurrido dejó sin efecto otro de fecha 30 de septiembre por el que se ordenaba el ingreso del niño en un centro de acogida de los servicios sociales de Castilla y León en Salamanca tras protagonizar la madre, el pasado 25 de septiembre, unos incidentes en un juzgado de Madrid, en cuya sala de vistas «irrumpió continuadamente» (según los hechos probados que refleja el juez), lo que provocó la declaración de desamparo del menor. Interpuesto ante la Audiencia Provincial de Salamanca, el recurso de los servicios jurídicos de la Junta se basa también en varias cuestiones de carácter procedimental, dijo la consejera de Familia en una conferencia de prensa en la que presentó, junto con el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, el programa Vita de cooperación en materia de salud para Africa. En concreto, la Junta de Castilla y León mantiene en su recurso que el auto del juez Salvador es perjudicial para Diego Lucas Bernal, que el pasado cuatro enero cumplió cinco años, porque supone el mantenimiento de una situación de riesgo derivada de la imposibilidad de los padres de asumir la protección integral del menor. Riesgos fundados Después de analizar los contenidos de diversos informes técnicos sobre el papel de los padres biológicos y las relaciones materno y paterno-filiales, la Consejería de Familia defiende que existen riesgos fundados para el correcto desarrollo emocional y social del menor. En cuanto a la situación de desamparo, Castilla y León sostiene que está presente en este caso porque existe falta de asistencia material del menor fruto del incumplimiento por parte de los padres -ambos con una enfermedad mental grave e incurable- de sus deberes de protección. El Ejecutivo autonómico defiende su actuación y la de la Comunidad de Madrid, como autoridades públicas encargadas de la protección de los menores, en el episodio protagonizado en Madrid por la madre del niño. Este incidente originó la intervención ambas administraciones y desencadenó este nuevo episodio judicial del niño salmantino.