Cardenal cree que la coordinación es básica para evitar delitos ambientales

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, destacó ayer «la necesidad de buscar fórmulas» de colaboración entre los fiscales y la Administración para prevenir y perseguir los delitos relacionados con el medio ambiente. Jesús Cardenal clausuró en Valladolid una jornada de trabajo organizada por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, en la que participaron fiscales del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma y de las audiencias provinciales de la región. Cardenal, en su intervención ante los fiscales, abogó por esa colaboración entre las administraciones públicas competentes en materia de medio ambiente y el Ministerio Fiscal, para cooperar en el «interés común» de proteger los recursos naturales. Ambas partes «no deben permanecer enclaustradas», sino «colaborar entre ellas», subrayó el fiscal general. Jesús Cardenal calificó de «acertada» la iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de que los fiscales participen en las comisiones de investigación de delitos ecológicos, junto a jueces, técnicos de la Administración y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Cardenal se mostró confiado en que esta participación de los fiscales «acabará extendiéndose al resto de comunidades autónomas». El fiscal general del Estado recordó que la «evolución social» ha supuesto una explotación creciente de los recursos naturales, lo que ha convertido al medio ambiente en una «zona de conflicto», por su «incidencia en casi todos los asuntos sociales». Asimismo, recordó que la Constitución española consagra el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente, pero también el deber de conservarlo, lo que hace «más que evidente la importante labor» de los fiscales en esta materia. Jesús Cardenal añadió que existe toda una «base legal» que «legitima la intervención» de los fiscales en materia de medio ambiente, en la que deben «asumir un planteamiento activo» en defensa del interés social. Además, se refirió a la «complejidad y la extensión de esta materia», en la que «es frecuente la falta de información», y a su carácter «pluridisciplinar», para defender la conveniencia de que existan fiscales bien preparados para perseguir delitos ecológicos. Coordinación Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, también hizo hincapié «en la necesidad de coordinación» entre la Administración, los jueces, los fiscales y las Fuerzas de Seguridad. Por ello, apostó por «habilitar cauces de colaboración y de apoyo mutuo», ya que «estamos obligados a coordinarnos» para que ninguna conducta o actuación contra el medio ambiente quede sin el castigo que prevén las leyes. Esa coordinación debe servir, además, para «disuadir al infractor» de que cometa un delito ecológico, según la consejera. Asimismo, destacó que «ya existen cauces» de colaboración, porque los fiscales pueden solicitar en cada provincia de la Comunidad a la Junta «todo» lo que necesiten en sus investigaciones.