Las Cortes aceptan modificar la actual Ley de Concentración Parcelaria

Las obras de modernización que se realicen en tierras de concentración tendrán un plazo de amortización de 40 años, en lugar de los 20 actuales, su financiación se someterá a un interés máximo del 2% (hasta ahora era del 4%) y podrán pagarse en cuotras de idéntica cuantía. Así lo acordaron ayer por unamidad las Cortes de Castilla y León, que aprobaron iniciar los trámites para reformar la actual Ley de Concentración Parcelaria de Castilla y León, que data del año 1990, a raíz de una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista y defendida por el procurador Antonio Losa. Losa explicó que esta reforma legislativa es necesaria para reducir los costes de los agricultores que se ven obligados a realizar mejoras en las explotaciones afectadas por concentraciones parcelarias, y en concreto, las obras de regadío. De hecho, justificó su propuesta en el elevado coste de estas infraestructuras, que «han crecido por encima de la renta de los agricultores y del precio medio de los productos», según informó la Agencia Efe. Demandada por el sector Como ejemplo, Losa señaló que frente a los 2.404 euros que en 1990, -fecha de la aprobación de la Ley Parcelaria de Castilla y León-, costaba la transformación en regadío de una hectárea de terreno concentrado, en la actualidad cuesta unos 7.200 euros, casi el triple. Además, el procurador socialista por León destacó el progresivo aumento del precio de los carburantes, fertilizantes, pesticidas y maquinaria como razones suficinetes para ayudar a los profesionales a sobrellevar el alto coste de la modernización de sus explotaciones, con el fin de «no frenar el desarrollo rural». El procurador popular Juan Castaño, por su parte, dio el visto bueno a la propuesta defendida por Losa pero propuso su extensión a otras obras de regadío realizadas fuera de la concentración parcelaria, algo que afectaría a los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.