Valín plantea gestores públicos para los consejos reguladores en la Ley del Vino

El consejero de Agricultura de la Junta, José Valín, apostó ayer por que la Ley del Vino de Castilla y León sea una normativa «flexible», que sirva de base para «cimentar la actividad económica de un sector muy comercial». El consejero, que se reunió con representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad (COAG, Asaja y UPA) para discutir sobre el borrador del anteproyecto de esta Ley elaborado por la Junta, señaló que no pretenden que el documento se convierta en un corsé para el sector, aunque éste tendrá que generar seguridad jurídica a sus actuaciones. Valín explicó que la normativa, cuya tramitación parlamentaria podría iniciarse al final de este trimestre o a más tardar en septiembre, se divide en cinco capítulos que regulan, como partes más significativas, la naturaleza jurídica de los consejos reguladores, la tipología de las marcas de calidad, los aspectos sancionadores, y las actuaciones correspondientes al Instituto Tecnológico Agrario (ITA), entre otras. Consejos reguladores El consejero, quien remarcó que la normativa es «muy técnica», precisó que el Gobierno autonómico ha apostado por que los órganos de gestión de los consejos reguladores «sean corporaciones de naturaleza pública», igual que ahora, aunque los de control de la calidad, vinculados o no a los anteriores, podrán ser públicos o privados. Por lo que se refiere a las marcas de calidad, el consejero concretó que se incluyen dos niveles, uno de los cuales contempla los vinos de mesa y los de la tierra de Castilla y León, y otro con los caldos de calidad de las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen, las denominaciones de origen calificadas, y los vinos de pago, que constituyen la principal novedad. Vinos de pago En este sentido, Valín manifestó que todas las marcas ya existían, excepto la de vinos de pago, que serán caldos de «alta calidad», que existan en las denominaciónes de origen, aunque excepcionalmente podrían estar fuera de ellas. En este sentido, indicó que se trata de caldos específicos de comarcas concretas situadas dentro de las denominaciones de origen. Por otra parte, precisó que el objetivo de la nueva regulación es que los vinos de la tierra pasen a ser caldos de calidad con indicación geográfica protegida, excepto los de la tierra de Castilla y León. El consejero de Agricultura aseguró que el punto más polémico de la nueva regulación del vino va a ser la posibilidad, conforme al texto nacional al que se debe adaptar, de que un bodega pueda producir con la misma marca dentro de una denominación y fuera de ella. El consejero afirmó que en esta materia «existen muchos intereses», aunque la postura de la Junta es contraria a permitirlo, ya que se podría engañar fácilmente al consumidor, y podría ser muy perjudicial para las ventas del sector en la comunidad.