El titular de Fomento se reunió con la ministra de Vivienda, el primer encuentro Junta-Gobierno
Silván aboga por una política concertada en materia de vivienda
Propone una mayor colaboración del Gobierno con la Junta y con los ayuntamientos
La Junta de Castilla y León reclamó ayer al Ministerio de Vivienda un política «concertada» entre la comunidad autónoma y el Estado, en la que el Gobierno central asuma una serie de compromisos con la comunidad, entre ellos el de aportar fondos suficientes en esta materia. El consejero de Fomento, Antonio Silván, explicó el contenido de la reunión con la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, -primera que mantiene la Junta con el nuevo Gobierno socialista-, y aseguró que la Junta confía que el Gobierno sea receptivo a las demandas de Castilla y León. Silván añadió que el Gobierno debe colaborar no solo con la Junta, sino también con los ayuntamientos de Castilla y León, mediante «políticas concertadas» de vivienda y también de suelo urbanizable, que sean similares al Pacto del Suelo firmado «de forma pionera» en esta comunidad en 2002 entre el Ejecutivo autonómico y los principales municipios. Estas políticas deben favorecer a los sectores con mayores problemas de acceso a la vivienda, como prevé el Plan de Vivienda de la Junta, que en sus dos primeros años, 2002 y 2003, «ha cumplido sus objetivos» y en el que se pide que se implique el Gobierno. Plan nacional de suelo público Una de las demandas planteadas por la Junta es que haya un plan nacional para que el suelo público salga al marcado con arreglo a un programa plurianual y a unas prioridades para las ciudades en las que el precio de la vivienda es más alto, con el fin de aumentar la oferta de suelo urbanizado. Asimismo, la Junta solicitó «una dotación económica suficiente» para viviendas protegidas y más ayudas para familias con menores ingresos, mientras que la Administración regional se encargaría de la gestión y de complementar la ayuda estatal. Otra de las peticiones formulada por Silván a la nueva ministra es que el Estado compense económicamente a los ayuntamientos por el suelo que ceden gratuitamente para vivienda y que pongan en marcha «consorcios» entre el Gobierno, la comunidad autónoma y los municipios.