Los pacientes graves y los niños tendrán habitaciones individuales

Los pacientes con patologías graves tales como procesos oncológicos y situaciones terminales, así como los niños y las mujeres que se encuentren ingresadas en el servicio de ginecología y obstetricia podrán disfrutar de habitaciones de uso individual en los hospitales dependientes de Sacyl y concertados, una vez que se apruebe el proyecto de decreto del desarrollo parcial de la Ley 8/2003, de derechos y deberes de las personas en relación con la salud, cuyo borrador se abordó ayer en la reunión del Consejo Regional de Salud. El documento, ahora en fase de alegaciones, previsiblemente verá la luz después del verano, -una vez aprobado en el Consejo de Gobierno-, según indicó el consejero de Sanidad, César Antón. Además, a este tipo de enfermos se sumarán otros que por diversos supuestos obtengan esta recomendación por parte del médico, siempre que los hospitales sean capaces de hacer frente a la demanda que al menos será del 25% de las camas disponibles. En el encuentro también se presentaron otros dos borradores de decretos que desarrollan la misma ley: el del derecho a una segunda opinión médica y el que regulará la historia clínica. Los plazos para su aprobación definitiva coinciden con el anterior y, entre otras medidas, establecerán el acceso y cómo puede consultar el usuario y el médico el historial clínico, su contenido homogéneo y las condiciones de conservación y, en su caso, destrucción. En cuanto a la segunda opinión médica, el documento recoge el proceso y la situación en la que el paciente puede acceder a un nuevo diagnóstico y a nuevas pruebas, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema y permitir al enfermo la toma de decisiones. Autorización de centros En el Consejo Regional de Salud también se informó a los asistentes sobre el proyecto de decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La medida, recogida en una normativa de carácter estatal, abarca entre otras novedades la inclusión como centros sanitarios de las ópticas, así como la exigencia de que exista una autorización previa para la apertura de consultas, algo para lo que antes tan sólo se exigía una comunicación.