PP y PSOE acuerdan reclamar al Gobierno la factura farmacéutica
Los grupos parlamentarios popular y socialista acordaron ayer en las Cortes solicitar a la Junta que exija al Gobierno central el pago de la factura farmacéutica de diciembre de 2001, asunto que permanece pendiente del traspaso de la Sanidad a Castilla y León y cuya cuantía podría ascender a 35 millones de euros. En el debate parlamentario, mientras la procuradora del PSOE María Teresa Rodrigo Rojo felicitó al PP «por cambiar de actitud» y reclamar este dinero, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, indicó que siempre ha defendido esta postura y puso como prueba de ello que la Junta ya había iniciado los trámites administrativos para su reclamación. En concreto, el texto aprobado propuesto por el PSOE reclama las cantidades pendientes correspondientes al mes de diciembre de 2001, así como las derivadas de la gestión de la incapacidad temporal más lo que correspondería a la Comunidad con relación al pacto entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y la parte correspondiente al fondo de cohesión sanitario. Igualmente, la resolución pide que se cuantifique la deuda derivada de sentencias por hechos anteriores al traspaso, tanto referidas a indemnizaciones a usuarios como a deudas con los profesionales del sistema sanitario. Si bien, el portavoz del PP matizó que aún es pronto para conocer el dinero correspondiente a esta materia puesto que los tribunales no se han pronunciado sobre todos los casos pendientes. Con todo, para la representante socialista resulta necesario que la Administración autonómica efectúe un estudio jurídico «competente» para conocer exactamente la liquidación del traspaso de la Sanidad y el dinero que debe reclamar la Junta. Puso como ejemplo las actuaciones de ocho comunidades que el pasado 16 de febrero reclamaron al Gobierno un total de 1.800 millones, alguna de ellas por la vía judicial. Críticas a la libre designación Por otro lado, el grupo parlamentario popular rechazó ayer una iniciativa del PSOE en la Comisión de Presidencia de las Cortes que pretendía limitar la libre designación en la Junta a los coordinadotes, jefes de servicio y puestos de confianza de altos cargos (secretarios y secretarias). Según el parlamentario socialista Francisco Ramos dijo que esta práctica supone «apostar por la puerta de atrás» lo que «perjudica» a la carrera administrativa.