El sector teme nuevas escaladas de precios con la reforma que liga las ayudas a la explotación
La tierra subió en León un 87,1% desde la llegada de la PAC en 1992
El encarecimiento, aunque elevado, está aún lejos del 140% de la media de Castilla y León
El precio de la tierra se incrementó un 5,7% en Castilla y León durante el 2003 y se situó en los 4.252 euros por hectárea, continuando así la tendencia alcista que se inició en 1992 con la aprobación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que supuso la implantación de ayudas directas a los agricultores, frente a la actuación sobre los precios de la etapa anterior. Desde ese año, la tierra se ha encarecido en la comunidad un 140%, , una subida muy por encima de la nacional, que se situó en el 110,2%, aunque la subida en la provincia de León, del 87,1%, fue la tercera menos acusada de la autonomía, sólo por delante del 83,1% de Soria y del 72,7% de Ávila, y lejos del incremento del 218,14% que acumula el precio de la tierra en Burgos o del 195,5% de Valladolid. La organización profesional Coag advierte que a partir de 1992 el precio de la tierra internaliza el precio de las ayudas por hectárea de la PAC, con lo que el temor a que se disparen los precios es de nuevo es creciente con la aprobación de la reforma intermedia de la PAC el año pasado, ya que ésta va un paso más allá que la de 1992, e introduce el pago único por exploración. «La nueva situación modificará el actual status quo negociador entre propietarios de la tierra y explotantes de la misma y, como consecuencia, su precio», advierte un portavoz de Coag. Un hecho significativo si se analiza la evolución de los precios durante los últimos años es que desde 1989 a 1992, el valor de la tierra se redujo un 35,2%, y pasó de los 2.537 euros a los 1.771, una evolución que se explica por la incertidumbre de la anunciada reforma de las ayudas PAC. Así, el año de aprobación de la reforma fue el de inflexión de la tendencia y en apenas tres años los precios por hectáreas ya habían superado a los de 1989. Las consecuencias más papables de este constante encarecimiento del precio de la tierra: el incremento de los costes de producción; graves dificultades para la ampliación de las explotaciones para mejorar su viabilidad económica; freno a la incorporación de jóvenes, al ser incapaces de asumir esos valores, y un mercado de la tierra paralizado y que genera procesos de especulación. Al respecto, desde Coag explicaron que hasta ahora la PAC ha actuado en sentido contrario al deseado, a lo que habría que sumar la presión ejercida por el desarrollo urbano, industrial, turístico y residencial sobre los terrenos agrícolas. Así, el sindicato exige que el Gobierno intervenga y cree un banco de tierras que intervenga en su comercialización.