Las diputaciones cuentan con esta subvención para instalarlas en 33 pueblos de la comunidad
La Junta apoya con 82.000 euros a las primeras guarderías rurales
El Consejo de Gobierno también dio luz verde al proyecto de ley de la Viña y el Vino
La implantación de guarderías rurales para niños de 0 a 3 años en los pueblos de la comunidad está más cerca desde que ayer el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara una subvención total de 82.296 euros destinada a las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para financiar los gastos del programa Crecemos . De este modo se da un paso más para lograr «la efectiva conciliación de la vida laboral y familiar tambiéon en el ámbito rural», según explicó ayer el consejero portavoz de la Junta, Antonio Silván, quien recordó que esta iniciativa se enmarca dentro del convenio marco firmado en febrero de este mismo año. En este documento se acordó implantar este programa en municipios rurales en los que la demanda del servicio para niños de 0 a 3 años sea inferior a 15 plazas y no cuenten con ningún recurso público o privado que preste este servicio. Las primeras guarderías rurales se implantarán este año en 33 municipios de toda la comunidad, beneficiando con ello a 433 niños. Ley de la Viña y el Vino La Junta dio ayer luz verde al proyecto de Ley de la Viña y el Vino de Castilla y León, en el que, entre otras novedades, se incluye un mayor blindaje de las marcas que se producen a la comunidad ya que el texto otorga a los propios consejos de las denominaciones de origen la facultad para prohibir que sus propias marcas puedan producir y venderse en otros territorios y bajo otros sellos de calidad, según explicó el consejero de Agricultura, José Valín. El futuro texto legislativo, que se divide en cinco grandes capítulos y se enmarca dentro de los límites de la Ley nacional que regula el sector, establece que la posibilidad de que en las ventas de derechos de producción a titulares de otras autonomías, la Junta pueda desarrollar el derecho de tanteo para que no abandonen la comunidad, algo que se logrará mediante la creación de una reserva regional de derechos. El proyecto de ley obliga a que los consejos cuenten con un órgano de control de la calidad de carácter independiente, aunque da la opción de que pueda estar dentro del propio Consejo, siempre que cumpla los requisitos del Instituto Tecnológico Agrario.