Fernández Santiago: «La reforma del Estatuto debe igualar las autonomías»

Cualquier posible reforma del Estatuto, tanto en Castilla y León como en el resto de autonomías, debe plantearse dentro de un proceso generalizado de reformas estatutarias y de un debate sobre las competencias que harían posible la equiparación definitiva de todas las comunidades. Así lo afirmó esta semana, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, quien subrayó la necesidad de «la eliminación de las diferencias injustificadas que subsisten o las que puedan surgir a consecuencia de los nuevos cambios estatutarios». En este sentido, el presidente de las Cortes se refirió al «principio que ha de informar cualquier reforma y que no puede ser obviado: el principio de solidaridad para lograr la cohesión y garantizar que todos los ciudadanos gocen el mismo nivel de prestación de servicios en todo el territorio nacional». En su conferencia, titulada El modelo del artículo 143 de la Constitución y enmarcada dentro del curso de verano Propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. Una visión jurídica de la Universidad de Cantabria, Fernández Santiago se refirió al proceso autonómico y a la aceptación social del Estado de las Autonomías para asegurar que en la actualidad «no es posible hablar de distintos modelos de comunidades autónomas, sino de un único modelo autonómico al que todas las comunidades podrán llegar si así lo desean, desde distintas sensibilidades y, evidentemente, con distintos ritmos». A este respecto, indicó que cualquier reforma que se pueda plantear «no puede utilizarse para implantar la asimetría entre las comunidades autónomas y debe garantizar el derecho de todas a situarse en el mismo nivel y a alcanzar los mismos techos competenciales que el resto de las comunidades». En cualquier caso, y de abrirse un nuevo proceso de reforma, Fernández Santiago insistió en que Castilla y León no puede «quedarse al margen, pero este hecho tampoco debe implicar un nuevo proceso constituyente».