El Gobierno propone una subida salarial del 3,2% para los funcionarios

El Gobierno ha planteado una subida salarial del 3,2% en 2005 para los 2,5 millones de empleados de las distintas administraciones territoriales, según anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras la reunión mantenida con representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este incremento salarial incluye la previsión oficial de inflación para 2005 (2%), más el 0,5% de la masa salarial bruta de los empleados públicos de la Administración General del Estado para la dotación del fondo de pensiones, y un 0,7% adicional para la paga de productividad (pasaría de representar el 40% actual de la nómina mensual de los empleados públicos al 60%). «Estaríamos dispuestos a ir complementando las pagas extraordinarias hasta que sean exactamente iguales a las del resto de trabajadores, el cien por cien del sueldo», afirmó. El ministro explicó que existen «márgenes escasos» para una posible variación de esta propuesta retributiva, que será comunicada a los sindicatos para su negociación en el mes de septiembre en el seno de la Mesa General de la Función Pública. Según Sevilla, se trata de la primera vez que el Gobierno se reúne con representantes de las comunidades, la FEMP y los sindicatos, en lo que calificó de «ejemplo práctico de co-gobernancia», por lo que expresó su deseo de que el año que viene sean estas administraciones las que presenten la misma oferta a los representantes de la función pública. Hasta ahora las competencias en esta materia son exclusivas del Gobierno, y la decisión que se adopta es vinculante para el resto de administraciones, pero el ministro subrayó que el Gobierno «ha querido empezar un proceso de información, de contraste de opiniones y de intercambio de posiciones». Sevilla enmarcó esta decisión en un contexto presupuestario para el año que viene que «no es boyante». «Tenemos restricciones importantes, entre otras como consecuencia de lo que ha ido aflorando como déficit y que no estaba previsto en los presupuestos del Gobierno anterior», explicó. «Esta subida afectará a 500.000 funcionarios de la Administración General y otros 2 millones que se reparten entre comunidades y FEMP», precisó. Crítica a las formas Por su parte, el consejero de presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que habló en nombre de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, denunció que la reunión se haya convocado «por fax y en tan siquiera 48 horas y sin una información detallada», y manifestó la voluntad de que la decisión sobre esta subida se aplace hasta septiembre.