La Ley de Función Pública, que regulará estos nombramientos, aún está en fase de debate
El PSOE acusa a la Junta de haber nombrado ya 350 cargos «a dedo»
Los socialistas sugieren que las designaciones del Ejecutivo se limiten a altos puestos
El portavoz socialista, Francisco Ramos, criticó los nombramientos «arbitrarios» de la Junta
El portavoz del PSCL-PSOE y de Función Pública, Francisco Ramos, denunció ayer que el Gobierno regional ha sacado 350 plazas de libre designación en estos seis primeros meses del año cuando la Ley de Función Pública, con la que se trata de dar transparencia y regular el empleo público, se encuentra a debate en las Cortes regionales. Ramos manifestó que la transparencia y objetividad en la provisión de puestos que debe regir en la función pública no se cumplen cuando cuando se han cubierto 350 puestos por libre designación, que afectan a labores, como secretarias de altos cargos, coordinadores y otros técnicos, «que deben formar parte de la función pública». La libre designación es una fórmula «arbitraria» de acceso a la función y de promoción interna de los trabajadores públicos, aseveró el portavoz socialista, quien explicó que este es uno de los aspectos en los que no se ha llegado a un acuerdo con el PP en el debate de la ley -está en fase de ponencia- en las Cortes. El Grupo Socialista en las Cortes propuso en sus enmiendas que la libre designación en la Administración regional se limite a altos cargos, excluyendo con carácter general los puestos de jefes de servicio e inferiores, de modo que se reduciría en un 70 por ciento los actuales puestos «a dedo». Para que esta ley «tan compleja», que afecta a 122.000 empleados de la Administración autonómica, universidades y ayuntamientos, sea «útil» a sus trabajadores y ciudadanos, Ramos expuso la necesidad de que exista un acuerdo con el Grupo Popular en aspectos de calado. Entre ellos, enumeró la homologación de condiciones de trabajo y retribución entre funcionarios y personal laboral, la eliminación de que se excluya a los trabajadores de servicios sociales y protección de menores de la función pública al considerarles sólo laborales y la protección especial de quienes ejercen funciones de inspección y control de modo que se garantice su independencia y objetividad. Ramos calificó de «sorprendente» la exclusión de los empleados de los servicios sociales y de protección de menores de la categoría de funcionarios porque, además, supone una discriminación, y añadió que existen quejas de los afectados, ahora unos son labores y otros funcionarios. En otra de sus enmiendas se recoge la posibilidad de ofrecer incentivos a empleados públicos que establezcan su residencia en pueblos donde desempeñen su trabajo.