La Junta exige legalizar los establos en casco urbano en ocho años

El último proyecto de decreto elaborado por la Junta para establecer un procedimiento que permita la regularización de las explotaciones ganaderas de la región situadas en cascos urbanos contempla que las licencias tendrán una duración de 8 años, prorrogables por otro periodo igual, lo que supone una modificación en la idea inicial del Ejecutivo que se marcó un plazo de 15 años para acabar con estas instalaciones. Asimismo, el texto legal recoge que las licencias caducarán si cesa la actividad ganadera del titular de la explotación y cuando cumpla 70 años. Una vez se otorgue la licencia no se permitirá la ampliación ni el cambio de actividad. Régimen transitorio El texto que pretende sacar adelante la Junta establecerá «un régimen transitorio para llevar a cabo la regularización de las explotaciones ganaderas no sujetas a declaración de impacto ambiental, y carentes de licencia de actividad». Además, serán objeto de regularización las explotaciones que, poseyendo licencia de actividad, realizan actividades ganaderas distintas a las expresadas en la licencia, o con mayor intensidad. El proyecto de decreto destaca que sólo podrán ser regularizadas aquellas explotaciones que acrediten su actividad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Prevención Ambiental y aquellas que estén en el caso urbano o en zonas periurbanas con una población inferior a los 1.000 habitantes, otra modificación respecto a los planes iniciales que, en principio, el límite era menos de 500 habitantes. Se ha elaborado un procedimiento general en el que se señala que el ganadero deberá presentar su solicitud en el ayuntamiento de su localidad en el plazo de seis meses desde la publicación de esta normativa, algo que el consejero de Agricultura José Valín se comprometió a aprobar este mismo mes de septiembre. Junto a la solicitud el ganadero deberá presentar una memoria descriptiva de sus instalaciones. El expediente será remitido a la comisión territorial de prevención ambiental, cuyo dictamen será vinculante para el consistorio, en el caso de que sea negativo o imponga medidas correctoras. Por último, en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud el alcalde resolverá la misma, y si no lo hace se aprobará.