Las abogadas reclaman un fondo que garantice las pensiones alimenticias

El Congreso Estatal de Mujeres Abogadas acordó ayer pedir al Gobierno central la creación de un fondo de garantía que garantice el pago de pensiones compensatorias o alimenticias a mujeres o hijos que se han fijado por sentencia judicial tras un proceso de separación y divorcio. Así se recoge en las conclusiones de este congreso que se ha celebrado durante los tres últimos días en el palacio de congresos Conde Ansúrez de Valladolid con la asistencia de un centenar de mujeres abogadas de diferentes puntos del país. La coordinadora del congreso, Victoria Delgado, explicó que en el anteproyecto de la ley contra la violencia de género que el PSOE presentó en 2001 «si se recogía la creación de este fondo aunque finalmente en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados no se ha introducido este organismo». Al respecto, Delgado indicó que las cuantías de las pensiones compensatorias o alimenticias «se fijan por sentencia judicial pero en muchos casos no se llevan a efecto y no se pagan» a lo que añadió que los recursos que se presentan para que se hagan efectivas estas pensiones «no son efectivos». Por ello, defendió la creación de este fondo de garantía así como que desde el Gobierno se requiera al Consejo Superior Bancario para que garantice el acceso a la información de cualquiera de los cónyuges en régimen de bienes gananciales con independencia de la titularidad de esos bienes muebles. A este respecto se pronunció Antonio Fonseco, juez del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien aseguró que esta información bancaria debe ser accesible en todos los casos y no solamente en los casos de bienes matrimoniales ya que, según aseguró, «esos bienes se han generado durante el matrimonio y eso debe tenerse en cuenta» en un proceso de separación. Otras de las conclusiones de este congreso son la desprofesionalización y desvalorización del trabajo doméstico que sufren las mujeres en el matrimonio y la maternidad; que la guarda y custodia compartida nunca podrá acordarse por el juez en un procedimiento contencioso; la obligatoriedad de la exploración a los hijos mayores de 12 años en el procedimiento de mutuo acuerdo es contrario al interés del menor y que la protección preferente del derecho del menor en procesos de familia es compatible con el respeto de la autonomía de la voluntad de los progenitores en la toma de decisiones que afectan a los hijos.