La principal novedad es el establecimiento de seis meses para la resolución de un problema
La Junta hará gratuita la mediación para todas las familias sin recursos
Aprobó el proyecto de ley de la futura normativa de Mediación Familiar de la comunidad
La consejera Rosa Valdeón, en una comparecencia ante los medios
La futura ley se utiliza como instrumento para resolver conflictos familiares, sobre todo de pareja, y existe desde siempre, aunque muy pronto contará con una regulación específica en Castilla y León. Así, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de ley de mediación familiar de Castilla y León mediante el que se establecen las condiciones necesarias para ser mediador, el procedimiento que debe seguirse y los principios que deben guiar este instrumento destinado a resolver conflictos familiares. Como principal novedad, el proyecto de ley establece un plazo máximo de tres meses, prorrogable por otros seis, para la resolución del conflicto familiar de que se trate, periodo a partir del cual la normativa autonómica considera que será necesario recurrir a otras vías. Asimismo, y como segunda gran novedad, la Junta establecerá fórmulas de mediación familiar gratuita para que ninguna persona o familia tenga que prescindir de este servicio por falta de recursos económicos. En tercer lugar, la normativa regula el estatuto básico de los mediadores (que deberán ser licenciados, tener licencia y justificar su formación), así como el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León, en el que deberán estar inscritos todos aquellos profesionales que quieran ejercer la mediación en el territorio de Castilla y León. Una parte de los compromisos Como principal característica, la futura ley, que forma parte de los compromisos de investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pretende que sean los propios miembros de la familia los que alcancen una solución a su conflicto, mientras que la figura del mediador familiar se limitaría a establecer las condiciones necesarias para llegar a ese acuerdo, según explicó ayer la consejera de Familia, Rosa Valdeón. «No se trata de un arbitraje, sino que la solución la tienen que poner los propios miembros de la familia», afirmó Valdeón. En este sentido, Valdeón destacó que siete de cada diez rupturas que se producen son pactadas entre los dos miembros de la pareja, lo cual minimiza las consecuencias negativas de estos conflictos y evita numerosos procesos judiciales al respecto. Dentro de los conflictos familiares en los que se aplica la mediación no sólo figuran las rupturas de pareja (ya sea un matrimonio o una relación de hecho), sino que también abarca otras situaciones como desavenencias entre hermanos a la hora de cuidar un familiar mayor, crisis entre padres e hijos mayores de edad, problemas de custodia de menores e incluso el supuesto en el que un hijo adoptado quiera conocer sus orígenes en contra de los deseos de sus padres adoptivos.