El presidente de los médicos cree necesario comunicar los errores

En política todo vale si de lo que se trata es de alcanzar una mayor porción, por pequeña que sea, de poder. Además, se haga lo que se haga, nunca pasa nada. Aquí paz, y después gloria, pero no pasa nada. Es el caso de los ocultados, luego negados y después publicados pactos políticos sobre Caja España y, por otro lado, el Ayuntamiento de León, que esta semana han hecho saltar por los aires el termómetro que mide el grado de locura política de esta comunidad. Pero como no pasa nada, lo único que cabe preguntarse es a qué otros papeles y pruebas se ha estado refiriendo en los dos últimos meses José María Rodríguez de Francisco, qué es lo que queda por descubrirse en la política leonesa, y por ende autonómica, y si para entonces nos quedará alguna capacidad de mostrar sorpresa. Cambiando de tema, ésta ha sido la semana en la que se ha escenificado el reparto de poder que ya en el mes de octubre decidiera el presidente Juan Vicente Herrera. Así, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la creación de las Comisiones Delegadas de Desarrollo Rural, que estará presidida por la vicepresidenta primera, Maria Jesús Ruiz, y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que será encabezada por el vicepresidente segundo, Tomás Villanueva. La Comisión Delegada, prevista en la Ley de Gobierno de Castilla y León, es el máximo órgano de deliberación del Ejecutivo autonómico por detrás del propio Consejo de Gobierno, con lo que el organigrama se complica. En cuanto a la actividad parlamentaria, se reinicia el próximo martes con la celebración del primer pleno ordinario del año, que sin duda estará protagonizado por el debate de la resolución en contra del Plan Ibarretxe, que de antemano ya cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Mixto. Más vale tarde que nunca, que dirían algunos. La idea era aprobar esta resolución en el pleno extraordinario del próximo 25 de febrero, con el que se conmemora el 22 aniversario del Estatuto de Autonomía. De este modo, también se llenaba de contenido una sesión que suele pasar sin pena ni gloria a la historia parlamentaria. Sin embargo, la celebración el pasado día 1 del debate en el Congreso de los Diputados, -en el que por cierto Rodríguez Zapatero se mostró más leonés que nunca-, hizo replantearse esta decisión por aquello de no alejar aún más en el tiempo el posicionamiento de Castilla y León. El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Ramón Huerta, consideró ayer necesario informar de los errores médicos, así como de sus efectos adversos tanto al paciente afectado como al sistema, para evitar así reclamaciones. Huerta, que participó en Soria en una mesa redonda sobre responsabilidades sanitarias, apuntó que en el sector uno de los asuntos pendientes es estrechar estos lazos de comunicación, ya que en la actualidad se tiende a ocultar e intentar tapar los errores y los efectos adversos. Matizó que en muchas situaciones estos errores «no son sólo problemas de los médicos, sino también de la organización sanitaria, porque si los profesionales contasen con más medios y más tiempo, los fallos serían menores». Huerta explicó que ha existido un crecimiento de los derechos del paciente y se ha demostrado con la promulgación de varias leyes en los últimos años, entre las que se encuentra la de Derechos y Deberes de los pacientes de Castilla y León a las que se acude con frecuencia.