Diario de León

Sólo Cataluña cuenta ya con esta competencia prevista en la Ley de Calidad del sistema de salud

La Junta asumirá en breve el control de la sanidad en las cárceles

Supondría el traspaso del personal sanitario que ahora depende de Instituciones Penitenciarias

El consejero de Sanidad, César Antón, durante su comparencia ante los medios

El consejero de Sanidad, César Antón, durante su comparencia ante los medios

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Europa Press | valladolid

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La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció ayer que la Junta de Castilla y León ha constituido un grupo de trabajo con el objetivo de comenzar a negociar el traspaso a Castilla y León del personal sanitario adscrito a las distintas prisiones existentes en la comunidad y para asumir igualmente la asistencia médica que se presta a la población reclusa. El referido grupo, creado en el seno de la Sección Regional de la Comisión Mixta de Trasferencias e integrado por responsables del Sistema Regional de Salud, será el encargado de negociar con Administraciones Públicas, Interior y Sanidad el traspaso al Sacyl del cerca de centenar de médicos y sanitarios dependiente en la actualidad de Instituciones Penitenciarias, así como de evaluar dicho coste y el que supone pasar a encargarse desde entonces de la asistencia tanto sanitaria y psiquiátrica de los reclusos. Nuevos criterios La asunción de esta competencia, algo que está contemplado en la Ley de Calidad del Sistema Nacional de Salud, ya fue objeto el pasado día 25 de febrero de una reunión en Madrid entre representantes de los tres ministerios citados y de las distintas comunidades autónomas -salvo Cataluña, que ya la tiene trasferida- y tenía que haberse materializado antes del 31 de diciembre de 2004. Sin embargo, Del Olmo explicó que las negociaciones están en su fase inicial y advirtió de que el coste de la competencia habrá de tomar como baremo no la población de Castilla y León en términos absolutos, que representa el 5,7% de la población nacional, sino el dato de que el número de presos existente en la comunidad constituye el 10,6% del total de reclusos en España. Este segundo criterio, teniendo en cuenta que en Castilla y León hay más de 10.000 internos de los 60.000 distribuidos por toda España, equivaldría a obtener una mayor financiación, precisó del Olmo, quien recordó también que la comunidad, frente a lo que ocurre en otras, no cuenta en la actualidad con hospital psiquiátrico alguno donde poder prestar asistencia a los reclusos con problemas de este tipo. Justicia La cuestión fue abordada ayer durante la reunión de la Sección Regional de la Comisión Mixta de Transferencias, en la que sus integrantes analizaron el estado de las negociacionesque desde el año 2002 se mantienen abiertas para el traspaso a Castilla y León de las competencias en materia de Justicia y que no avanzarán en tanto en cuanto el grupo castellano y leonés encargado de ello siga sin recibir la documentación que requiere.

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