El fiscal jefe cree que la violencia doméstica puede colapsar los juicios

Los nuevos juzgados de violencia de género, que entraron en funcionamiento el pasado 29 de junio, han creado incertidumbre en las instancias jurídicas de la Comunidad. Fiscalía y diversos presidentes de audiencias provinciales reconocen que la tarea de los juzgados que asumirán estos casos- ya que en la región no se han creado salas específicas- se verá dificultada por el aumento del volumen de trabajo y la falta de recursos y personal, lo que incluso podría colapsar algunos tribunales. De hecho, varias autoridades judiciales señalaron que la entrada en vigor de la nueva normativa- Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- va a poner de relieve la falta de medios de los juzgados de la Comunidad. En este sentido, ya se han producido las primeras críticas por la falta de oficinas adecuadas que permitan separar a las víctimas de sus agresores y la carencia de personal con formación adecuada para atender a las víctimas. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Gregorio Segurado, aseguró que la nueva ley de violencia doméstica tendrá repercusión para el Ministerio Público, por lo que afirmó que «se contempla la modificación de algunos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal». Mayor especialización En este sentido, aclaró que se nombrará a un delegado de jefatura de violencia familiar y que se creará una sección especial para cada provincia para la persecución y coordinación de esos delitos «con un número de fiscales adecuado para los asuntos civiles y penales que se tramiten». Segurado señaló que espera que el próximo año se aumente la plantilla. El fiscal jefe comentó que ya se ha propuesto a Santiago Mena Cerdá, que ha sido nombrado delegado de jefatura en Burgos, para dirigir y coordinar esta materia. Por otra parte, aseguró que en Burgos, con el estreno de los juzgados de violencia de la mujer, «se están planteando dificultades por el escaso número de miembros del Ministerio Público». Además, precisó que dificulta aún más la labor el hecho de que la mayor parte de estos juzgados están muy alejados del Ministerio Fiscal, algunos en otras capitales de la provincia, lo que hace que, según el fiscal jefe, «sea más trabajoso el seguimiento y más costosa la atención que esta materia requiere». Por su parte, el presidente de la Audiencia provincial de León, Manuel García Prada, cree que aún es pronto para saber si la ciudad va a necesitar un juzgado especializado. En todo caso, el jurista estima que Valladolid tiene más problemas.