Diario de León

Ambos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa en las Cortes

PP y PSOE, de acuerdo en regular la figura de los ex presidentes

Como gran novedad, serán miembros de pleno derecho del Consejo Consultivo hasta los 70 años

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ical | valladolid

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Los grupos parlamentarios popular y socialista en las Cortes de Castilla y León registraron ayer una proposición de ley reguladora del Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta. De esta forma, todos aquellos que hayan ostentado la presidencia de la comunidad desde la primera legislatura de las Cortes pasarán a formar parte del Consejo Consultivo, como miembros de pleno derecho con voz y voto hasta los 70 años, con posibilidad de prorrogarlo hasta los 75, a petición del interesado a la Presidencia del órgano, a imagen de la figura de profesor emérito universitario. El portavoz parlamentario socialista, Ángel Villalba, subrayó el consenso que ha habido entre ambos grupos políticos para «reconocer el trabajo de nuestros mejores paisanos», aquéllos que «han contribuido y contribuyen a que Castilla y León sea mejor y tenga más autoestima como propia comunidad autónoma», señaló. Al mismo tiempo, indicó que esta decisión era «algo obligado por el respeto máximo a nuestras propias instituciones» y que pretende aprovechar la «capacidad para aportar y construir» de los ex presidentes, «su consejo permanente, su voz, su criterio, su voto» dentro del Consejo Consultivo. Por lo tanto, añadió, «hoy es un buen día, un día de acuerdo» entre los dos grandes partidos de la región». Contenido La proposición de ley expresa, en tres artículos, que los ex presidentes de Castilla y León disfrutarán «del reconocimiento, consideración, atención y apoyo debidos». Asimismo, recibirán «con carácter vitalicio las atenciones honoríficas y protocolarias» que se determinen en el futuro decreto que regule el protocolo en la comunidad, en el que se está trabajando, según explicaron. Finalmente, los ex presidentes, en sus desplazamientos fuera la Comunidad, «podrán gozar del apoyo de los servicios que la Junta tenga establecidos», tales como las oficinas de la Administración en Madrid y Bruselas.

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