Diario de León

La organización podía producir 1,1 millones de copias ilegales al mes

Desarticulan la mayor red de piratería musical de España

Salamanca y Burgos, entre las provincias en las que se ha efectuado un total de 69 detenciones

Material que la policía incautó durante la operación en la que desmanteló la red

Material que la policía incautó durante la operación en la que desmanteló la red

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efe | madrid

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La Policía detuvo ayer en varias provincias, entre ellas Salamanca y Burgos, a 69 personas de nacionalidad china, en la mayor operación registrada en España contra la piratería musical y cinematográfica, que ha permitido desarticular una organización que inundaba el mercado de productos falsificados. Según informó la Dirección General de la Policía, la denominada «operación Katana» se ha desarrollado en las provincias de Burgos, Salamanca, Málaga, Orense, Valencia, Madrid (en Getafe y en la capital) y en Puertollano (Ciudad Real) y en ella han intervenido más de doscientos policías. Los detenidos integraban lo que la Policía considera el principal grupo organizado dedicado a la piratería cultural y que tenía una capacidad de producción de 1.134.000 copias mensuales para su venta en el mercado clandestino. La red se dedicaba a la duplicación ilícita, montaje, almacenamiento y distribución de CD y DVD de música y películas. En los veintitrés registros practicados en varios municipios de toda España se han intervenido, además de numerosas copias ilegales, 119 grabadoras, importantes cantidades de dinero, pasaportes robados, documentación falsificada y equipos de comunicación. La Policía considera que los tres máximos responsables de la organización son Yi Dong Han, Zhixionh Xu y Zhubao Dong, este último quien supuestamente dirigía el suministro de medios y material para las actividades de la red desde pisos en los barrios madrileños de Las Rosas y Moratalaz. Fraude fiscal Las copias, que se hacían en un primer nivel en nueve domicilios de Madrid y varias «sucursales» en Alicante y, en un segundo, en varias ciudades y municipios para su distribución final, implican, en función de su elevado volumen, para los legítimos propietarios de los derechos un perjuicio patrimonial cifrado por la Policía en 17 millones de euros y un «ingente fraude fiscal».

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