También deberá pagar una indemnización de 111.000 euros a la familia
Condenan a 45 años al asesino de la trabajadora de Mensajeros
El condenado ya cumple 16 años de cárcel por el asesinato de un párroco diez días antes
La Audiencia Provincial de Zamora condenó a 45 años de prisión a A.F.N., el joven marroquí que mató a la trabajadora de Mensajeros de la Paz María Auxiliadora Vázquez y después acuchilló a un taxista, a quien le robó el vehículo. La sentencia, que recoge las penas pedidas tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, le considera responsable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que deberá cumplir 25 años de cárcel; de un asesinato en grado de tentativa, por el que se le condena a 15 años, y de un delito de robo que conlleva una pena de cinco años más, según confirmó el abogado de la familia de Vázquez, Manuel Rodríguez Soto. Asimismo, el tribunal establece una indemnización de 75.000 euros para el padre de la víctima y de 12.000 euros para cada uno de sus tres hermanos. Según la sentencia, la responsabilidad directa recae en el condenado aunque la ONG Mensajeros de la Paz y el Gobierno autónomo de Ceuta deberán responder de forma subsidiaria y solidaria, ya que el marroquí se encontraba en Zamora en virtud de un convenio entre ambas entidades para la reinserción socio-laboral del joven. «Como el condenado es insolvente, tendrán que pagar Mensajeros y o la Comunidad autónoma. Los acreedores; es decir, la familia, puede dirigirse a cualquiera de estas entidades para que sufraguen la deuda», explicó Rodríguez Soto. Indemnizaciones La sentencia contempla también una indemnización de un total de 33.000 euros para el taxista herido, a quien Fatdar Nali le robó el coche, aunque en este punto no se recoge la responsabilidad subsidiaria, por lo que el penado deberá hacer frente a dicha compensación económica. Por lo que se refiere a la reducción de las indemnizaciones inicialmente solicitadas tanto por el fiscal como por el representante legal de la familia de la educadora fallecida, que rondaban los 300.000 euros, Manuel Rodríguez indicó que «las cuantías se pidieron no tanto en función de que fueran el interés fundamental de los clientes sino de resarcir un daño moral difícilmente cuantificable». Los hechos sentenciados se produjeron el día 4 de marzo de 2003.