El BOE publica ya la ley que obliga a devolver los papeles a Cataluña

La consejera de Cultura, Silvia Clemente, denunció ayer que, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley que permitirá el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo de la Guerra Civil, el Gobierno «culmina el agravio a nuestra comunidad, con el reconocimiento de un privilegio a otra» y añadió que se trata de «una constatación clara de las deudas del Ejecutivo con el tripartito que ha pagado, perjudique a quien perjudique». «En este caso los que salen perdiendo no sólo son los ciudadanos de Castilla y León, sino los de toda España, que ven como se destruye un patrimonio documental común que recoge una parte importante de la historia de este país», añadió. Silvia Clemente recordó que, según el informe elaborado por el director del Archivo General de Castilla y León, Carlos Travesí, las distintas disposiciones de esta ley permitirán la salida de aproximadamente el 50 por ciento de los documentos que se guardan en Salamanca ya que de las 23.000 cajas que alberga, 2.500 habrá que entregarlas a la Generalitat catalana, mientras que otras 8.000 contienen documentos privadas que habrá que entregar a personas físicas o jurídicas de otras comunidades. «Todo el proceso ha sido un despropósito desde el primer momento y, posteriormente, una sucesión encadenada de despropósitos, en la que el Gobierno no ha atendido la demanda de los españoles que salieron a la calle en julio en Salamanca porque Rodríguez Zapatero no quiere escuchar a nadie, en este asunto, ni con razonamientos técnicos ni con los de la calle», señaló Clemente. «Un día triste» No obstante, la titular de Cultura del Gobierno autonómico aseveró que la Junta continuará en su batalla jurídica para impedir la salida de documentos del centro de Salamanca, con la interposición inmediata de un recurso de inconstitucionalidad, en el que avanzó que se pondrá de manifiesto que el Ejecutivo central «ha hecho dejación de funciones en su competencia de mantener el patrimonio documental de todos íntegro y unido». Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acusó ayer en Burgos al PSOE y a su secretario regional, Ángel Villaba, de haber colaborado en la «destrucción» del patrimonio del Archivo de Salamanca. Herrera definió la jornada de ayer como un día «triste» para la comunidad porque aparece publicado en el BOE la Ley que supondrá la destrucción de un «patrimonio común» de todos los españoles como es el Archivo de Salamanca. Insistió en que la destrucción de este patrimonio se lleva a cabo con el «apoyo explícito» del PSOE