La Junta lleva ante el Constitucional la salida de legajos de Salamanca

El recurso de inconstitucionalidad que la Junta de Castilla y León presentó ayer contra la Ley de restitución de documentos a la Generalitat de Cataluña del Archivo de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, sostiene que la normativa que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre «viola de forma flagrante» tres artículos de la Constitución Española (149, 46 y 9). En concreto, según informó la consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente, el artículo 1 y 2.2 de la norma infringe el artículo 149.1.28 de la Constitución que atribuye al Estado competencias para la defensa del patrimonio cultural, archivístico y monumental contra la exportación y expoliación. De este modo, «la Ley no sólo deja de proteger este patrimonio, sino que además convierte al propio Estado en el expoliador, en el sentido que es quien rompe y destruye la función social de un bien», según indicó la consejera. En este punto, recordó que aunque el Estado es el que tiene competencias sobre el centro, en ningún momento puede alterarlos hasta hacerlos irreconocibles, algo que desde su punto de vista ocurrirá con el Archivo. Así, expuso que, de prosperar la Ley, mutilará la mitad de los documentos fuente, los más relevantes, que en estos momentos alberga el centro, ya que de las más de 23.000 cajas existentes, permite la devolución a Cataluña de 10.500 cajas. Con ello, el centro documental se convertirá en un «almacén de restos» como ocurriría, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional si se sacaran todos los libros editados y se devolvieran a sus lugares de origen, argumentó Clemente. Por ello, y también para evitar que algunos documentos privados se pierda, la Junta ha solicitado como medida cautelar que no salga ningún documento del centro hasta que exista una sentencia firme del TC, independientemente de que el resto de contenidos que establece la norma comiencen a desarrollarse, tales como la creación de una comisión mixta. Medidas cautelares Junto a esta medida, la Junta también solicitó que se impida la salida inmediata de las 507 cajas que se microfilmaron en su día y que la Ley prevé que se restituyan a la Generalitat, ya que no todos los documentos que contienen pertenecen a esta institución, según contempla la medida. Por otro lado, el dictamen del Consejo Consultivo sobre los fundamentos jurídicos para interponer este recurso de Constitucionalidad ha sido el primero que emite este órgano sin unanimidad de los siete miembros que lo integran, según informó Efe.