La Junta anuncia su propia Ley de Dependencia frente a la nacional

La Junta de Castilla y León elaborará antes de final de año su «propio» proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia con el fin de garantizar «el auténtico cuarto pilar del Estado del Bienestar» y «minimizar los efectos perversos» y «lagunas» de la Ley nacional «pactada con ERC». Así lo anunció ayer la consejera de Familia, Rosa Valdeón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se decidió la elaboración de dicha norma, toda vez que la que hoy mismo aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros «no será básica», «no garantiza los auténticos derechos a los ciudadanos», y «no ha tenido en cuenta a las autonomías». Al no ser una ley básica y desarrollarse por medio de «convenios bilaterales con las autonomías» será «difícil» que el proyecto de ley autonómica «colisione con el nacional», planteó la consejera. «No tenemos interés en llegar al conflicto», aseveró Valdeón, quien sostuvo que el fin de la norma autonómica es «renovar el sistema de servicios sociales regional, para que tenga la fuerza de auténticos derechos subjetivos para los ciudadanos», e «integrar en el mismo las prestaciones derivadas de la ley nacional, para evitar sistemas paralelos». Aseguró que «todas las lagunas y deficiencias de la ley nacional se solventarán en la de Castilla y León», y admitió que «aprovecharán lo poco bueno» que tiene la normativa estatal. Cartera de servicios El proyecto de ley que elaborará la Junta contará con una «cartera de servicios con los derechos subjetivos» de los castellanos y leoneses; se «universalizará progresivamente el servicio», incluirá «a las corporaciones locales» y recogerá la atención sanitaria a los dependientes, coordinada con el sistema de salud. El proceso de elaboración del proyecto de ley será «muy participativo», para lo que la Junta elaborará un documento de bases que entregará a las corporaciones locales, entidades del sector y agentes económicos y sociales, explicó Valdeón. La titular de Familia destacó que Castilla y León es la autonomía que más destina a atención a dependencias, con el 0,77% de su PIB, y 300 millones de euros de los 555 presupuestados en el 2006 para todos los servicios sociales de la comunidad. «El Gobierno central intenta arrogarse esa atención cuando pone tres o dieciséis millones», frente a la aportación regional, por encima de la media regional, reflexionó. Lamentó asimismo «el tiempo perdido por la comunidad» a la hora de hacer su ley autonómical en espera de que la nacional fuera «básica».