La Junta sí habló de la comunidad para ubicar un cementerio nuclear

Los primeros en denunciarlo fueron Ecologistas en Acción. Posteriormente, el grupo parlamentario socialista lo llevó al pleno de las Cortes ni más ni menos que durante el debate sobre el estado de la comunidad. A pesar de ello, la respuesta de la Junta de Castilla y León ha sido siempre la misma, es decir, que el Ejecutivo autonómico no tiene ninguna intención de que se ubique un cementerio de residuos nucleares en el territorio de la comunidad. Sin embargo, el acta de la sesión de clausura de la Mesa de Diálogo sobre la Evolución de la Energía Nuclear en España, celebrada el pasado 17 de mayo en la sede del Ministerio de Industria, justifica, cuando menos, la polémica. Según este documento oficial, facilitado por el PSOE, el representante de Castilla y León en esta reunión, -el director general de Energía y Minas de la Junta, Manuel Ordoñez-, manifestó el interés de su comunidad autónoma en «plantear o establecer conversaciones acerca de una cuestión imprescindible y muy importante que es la instalación de ATC», o lo que es lo mismo de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares, más conocido como cementerio nuclear. Es más, en el acta de la sesión se pone de manifiesto que se trata de «un ofrecimiento, sin que con ello se presuponga el resultado final». Tanto el viceportavoz primero del grupo parlamentario socialista, José María Crespo, como Ecologistas en Acción, denunciaron durante los últimos días el hecho de que un representante del Ejecutivo autonómico haya ofrecido el territorio de la comunidad para ubicar una instalación de alto riesgo como ésta sin ni siquiera consultarlo con ciudadanos y municipios. No hay ninguna propuesta Por su parte, la Junta de Castila y León volvió a negar la mayor ayer. En concreto, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, reiteró que el departamento que él dirige, «no ha recibido ninguna propuesta para albergar un cementerio nuclear en la comunidad, ni por parte del Ministerio de Industria, ni por la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), ni de quien tiene que hacer la declaración de impacto ambiental que es el Ministerio de Medio Ambiente», según informó Ical. Fernández Carriedo señaló que «no ha habido iniciativas de instalaciones y ubicaciones concretas para tal fin, y por lo tanto no se puede hablar de lo que no existe». Por su parte, el representante de Greenpeace y vocal de la Mesa de Energía Nuclear que puso en marcha el Ministerio de Industria, Carlos Bravo, recordó las declaraciones del director general de Energía y pidió a la Junta de Castilla y León que se oponga a esa instalación «por los peligros que tienen los residuos radiactivos». La comunidad estaría interesada en plantear o establecer conversaciones acerca de una cuestión imprescindible y muy importante que es la instalación de ATC (almacén temporal centralizado). Es un ofrecimiento, sin que con ello se presuponga el resultado final MANUEL ORDÓÑEZ Director general de Energía y Minas. Propuesta recogida en el Acta de Clausura de la Mesa de Diálogo sobre la Evolución de la Energía Nuclear en España, celebrada el pasado 17 de mayo en el Ministerio de Industria