La comunidad adquirirá el rango de «histórica» en el nuevo Estatuto

El futuro nuevo Estatuto de Castilla y León ya tiene esqueleto sobre el que empezar a trabajar. Tras la comparecencia de los principales agentes sociales, económicos y políticos de la comunidad, la Comisión no Permanente creada en el seno de las Cortes de Castilla y León para abordar la Reforma del Estatuto de Autonomía redactó un informe en el que se recogen 18 conclusiones que los partidos con representación parlamentaria deberán tener en cuenta a la hora de consensuar su propuesta de modificación estatutaria. Entre estas conclusiones destaca la recomendación de incluir un título en el que, por primera vez, se recojan los derechos y deberes de los castellanos y leoneses, especialmente, los denominados de tercera generación. Como gran novedad, el informe propone que el nuevo texto estatutario contemple la creación de una agencia tributaria propia, «al menos compartida con la estatal», lo que se correspondería con una de las reivindicaciones históricas del Partido Socialista. Definición de la comunidad Asimismo, la Comisión está de acuerdo en la declaración del español como «seña de identidad» de la comunidad. En cuanto a la identificación que ésta tendrá en el nuevo texto estatutario, se apuesta por la fórmula «comunidad histórica», expresión en la que coincidieron casi todos los invitados a intervenir en la Comisión. En materia competencial, el informe incide en la necesidad de que Castilla y León cuente con una mayor capacidad de gestión en la Cuenca del Duero, sin menoscabo de «las competencias constitucionales que corresponden al Estado como legislador básico, en relación con Portugal». Hasta construir este esqueleto del que será el nuevo Estatuto de Castilla y León, los procuradores que forman parte de la Comisión No Permanente creada al efecto han escuchado y tomado buena nota de las opiniones de los partidos políticos sin representación parlamentaria, IU y Tierra Comunera; los sindicatos UGT, CC.OO.; la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale); el Instituto de la Juventud; las organizaciones profesionales agrarias, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y los rectores de las cuatro universidades públicas de la comunidad. Es por ello, que entre los artículos que se añadirán al Estatuto figura uno en el que se reconocerá el papel de los agentes sociales en el desarrollo de la comunidad. En todo momento, el informe insiste en que la reforma estatutaria deberá ser «fruto del consenso» entre los grupos políticos de la Cámara y realizarse «con el mayor respeto a la Constitución española».