Junta, patronal y sindicatos, de acuerdo en materia de dependencia

La Junta, patronal y los dos sindicatos de clase CC.OO. y UGT suscribieron ayer la adenda al Acuerdo sobre el Desarrollo del Diálogo Social en Castilla y León en materia de atención a las personas mayores dependientes que fija, entre otras cuestiones, que la Administración autonómica presentará en las Cortes y en esta legislatura su ya anunciado Proyecto de Ley de Atención a la Dependencia. Con esta firma se puso de manifiesto el acuerdo entre los agentes sociales y económicos y el Ejecutivo regional de avanzar en una norma autonómica, tras las críticas que surgieron en su momento por la posición que adoptó el Gobierno regional hacia la Ley de Dependencia promovida por el Estado. Previsiblemente, la Junta contará con un primer borrador de la norma en septiembre, para que el Proyecto de Ley esté aprobado a finales de este año o principios del próximo, justo después de que se apruebe al Ley nacional, según manifestó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón, tras la firma del acuerdo, que también rubricaron el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Agustín Prieto y Ángel Hernández, respectivamente, y el presidente de Cecale, José Luis Martín Aguado. De forma simultánea Valdeón explicó que la comunidad trabajará de forma simultánea al Gobierno puesto que la normativa nacional es «insuficiente» para Castilla y León. Así, reiteró que la región cuenta con la población más dispersa y envejecida, «equiparable a la que tendrá el resto de España dentro de 20 años». Por este motivo, la Junta perseguirá que «no sólo sea una Ley de Dependencia, sino también de servicios sociales» Para la consejera, Castilla y León se encuentra en un momento de cambio, en un «punto de inflexión en los servicios sociales», promovido por su Proyecto de Ley que servirá para «adaptarse a los cambios que pueda provocar la Ley de Dependencia; actualizar los servicios sociales y mejorar esa Ley adaptándola a la Comunidad». En este sentido, destacó la importancia del papel de los ayuntamientos y las diputaciones a la hora de trasladar los servicios sociales a los ciudadanos. Por su parte, el secretario general de UGT calificó de «satisfactorio» poder firmar la adenda, ya que se trata, según dijo, de una de las cuestiones que perseguían desde hace tiempo. También, sostuvo que Castilla y León necesitará adaptar la Ley de Dependencia, al tener más de 540.000 personas mayores de 65 años, de las cuales «casi la mitad vive en núcleos rurales».