El sindicato denunció supuestas irregularidades en las facturaciones
UGT insta al Consejo de Cuentas a investigar la gestión del Sacyl
Antón asegura que el servicio público de sanidad ya se somete a la fiscalización que marca la ley
Los hechos que se pretenden investigar podrían afectar a hospitales de toda la comunidad
La Comisión Ejecutiva regional del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) instó ayer al Consejo de Cuentas de Castilla y León y también a la Inspección General de Servicios, adscrita a la Consejería de Presidencia del Ejecutivo autonómico, a que investiguen con actuaciones precisas las presuntas irregularidades sobre la gestión del Sistema Público Sanitario de la comunidad, según informó un comunicado de la formación sindical. Según la Unión General de Trabajadores, el Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución encargada de velar por la transparencia en la gestión financiera de los servicios públicos en la comunidad. Por lo que respecta a las supuestas irregularidades, aparecidas en los medios de comunicación, y que recoge el propio Informe de la Intervención General de la Junta de Castilla y León, «deben ser esclarecidas para trasladar la mayor transparencia de la gestión de este servicio público al conjunto de la sociedad». Supuestas irregularidades En este sentido y según la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, las informaciones aparecidas en prensa recogen que la propia Consejería de Sanidad «habría dado instrucciones a las gerencias de facturar servicios de empresas privadas a través de los hospitales públicos en contra de la normativa establecida». La Unión General de Trabajadores denuncia que son supuestas irregularidades «preocupantes» por el calado y la naturaleza de dichas noticias que perjudican, según el sindicato, la credibilidad en la gestión del Sistema Público Sanitario. En el mismo comunicado, la organización advierte además que las citadas irregularidades «se están extendiendo a buena parte de las provincias de la región». La respuesta de la Junta Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, César Antón, aseguró ayer que la Consejería que él dirige «sigue los mecanismos establecidos por la Ley de Presupuestos en su sistema público sanitario, en materia de gestión del mismo». De este modo, Antón salió al paso de las críticas del sindicato UGT que pidió su dimisión por presuntas irregularidades en la gestión del Servicio Público de Sanidad, Sacyl. El consejero, quien realizó estas manifestaciones durante la presentación del nuevo modelo de transporte sanitario en Castilla y León, insistió en que la gestión de la Consejería de Sanidad ya está fiscalizada por medio de la Intervención General de Sanidad, como ocurre en el resto de las conmunidades autónomas, y por el propio Consejo de Cuentas, «tal y como establece la Ley», concluyó.