El Consejo de Cuentas alerta por la gestión de las deudas con la Junta

El Consejo de Cuentas ha detectado «debilidades» en la gestión del dinero que se adeuda a la administración de la autonomía, hasta el punto de que existe riesgo de que prescriban algunas de estas obligaciones. Asimismo, advierte de que la Junta no ha ejercido su derecho a la devolución del saldo a su favor en la liquidación anual del IVA por lo que, transcurrido el plazo de cuatro años, desde cada declaración, también prescribe esta posibilidad. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el Consejo de Cuentas de Castilla y León en su primer informe de fiscalización de la Cuenta General de la comunidad autónoma en 2003, al que ha tenido acceso Ical y que recomienda al Gobierno de Valladolid, entre otras cuestiones, que efectúe un inventario de las entidades que forman parte de su sector público autonómico. Además, insta al ejecutivo de Valladolida que depure los saldos más antiguos o sin movimiento de los deudores y acreedores y proceda a su regularización y a que realice las «ctuaciones necesarias» para que ninguna de las cuentas bancarias de titularidad de la Junta «escape al control y seguimiento de la Tesorería General de la comunidad». El Consejo de Cuentas enumera 37 conclusiones analizadas por Ical, sobre las cuentas de la Junta y sus organismos autónomos referidas a 2003, año en el que, según el informe, el grado de ejecución presupuestaria en el apartado de gastos llegó al 97,6 por ciento y en el de ingresos, al 97,7 por ciento. En este ejercicio, se han producido modificaciones de crédito por valor de 688 millones de euros, lo que supone un 9,7 por ciento del presupuesto, y son las consejerías de Educación, Agricultura e Industria las que más han utilizado esta fórmula, con un 30,6, 19,6 y 14 por ciento de su presupuesto modificado,respectivamente. Las conclusiones del Consejo vienen encabezadas por una especie de reproche al gobierno de Herrera por haber presentado la documentación fuera de plazo, sin atenerse a lo establecido por la propia Ley de Hacienda y sin incluir algunos entes como las fundaciones públicas de la comunidad y el Instituto de la Juventud, por lo que le pide que regule esta cuestión de forma inmediata. El informe sobre contratación se detiene también en cuestiones como que la fiscalización de los actos que tienen compromisos de gasto no se hace con carácter previo, tal y como establece la Ley de Hacienda; como que haya algunas decisiones que no son adoptadas por el órgano competente.