La difusión de datos del coche de Ruiz podría contradecir la ley
La Agencia Española de Protección de Datos ha afirmado que la difusión de datos del coche de la vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, podría contradecir la legislación. Así lo pone de manifiesto en el documento remitido por este organismo a las Cortes, en el que se constata que el registro de vehículos es de acceso público, siempre que se alegue «la existencia de un interés legítimo y directo en la consulta». Este informe, solicitado por las Cortes de Castilla y León, asegura que en la difusión de los datos del vehículo de Ruiz «cabría considerar que la conducta del solicitante que posteriormente distribuyó a terceros la documentación pudiera ser contraria a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos». Los hechos enjuiciados se remontan a diciembre del pasado año , cuando en el aparcamiento y varias dependencias del castillo de Fuensaldaña aparecieron fotocopias con la ficha del vehículo particular de Ruiz. Este hecho se produjo, después de que la dirigente criticara que el secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, pidiera soluciones para solventar la crisis del Modus en Renault y viajara en un Audi oficial. La investigación abierta en las Cortes concluyó sin que se identificara al autor de la difusión final, aunque sí sacó a la luz el nombre de la persona que solicitó el documento a la Jefatura de Tráfico de Valladolid, el periodista Francisco Rodríguez, quien argumentó que lo necesitaba para documentar un artículo. El informe de la Agencia de Protección destaca que el interés que justifica el acceso a los datos no puede ser «la divulgación masiva de la información, ya que ello priva al Registro de valorar, precisamente, la concurrencia de los requisitos exigibles para su acceso», con lo que apunta hacia la responsabilidad del solicitante inicial según el citado periódico. Las reacciones El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, ha asegurado que «si la persona que difundió los datos del coche de la vicepresidenta cometió un delito tendrá que responder ante la justicia, ya que estamos en un estado de derecho». Por su parte, el presidente de la Junta ha valorado que la Agencia de Protección de Datos vele «por proteger la intimidad de cargos públicos». En este sentido, Juan Vicente Herrera sostiene que, «aunque pueda ser necesario recabar información sobre la titularidad de ciertos vehículos, esos datos no deben hacerse luego públicos porque se está jugando con la propia seguridad de los afectados».