Las Cortes debaten la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía

El Pleno de las Cortes de Castilla y León que comienza hoy incluye en su orden del día el debate de totalidad de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pactado por el PP y el PSOE. Además, el intercambio dialéctico entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el líder de la oposición, el socialista Ángel Villalba, se centrará en el proyecto urbanístico Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués (Ávila), en el Pleno que se celebrará entre hoy y mañana. El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León preguntará al presidente de la Junta cuál es la valoración que hace respecto a «este polémico proyecto», según la cuestión registrada por los socialistas. Los procuradores debatirán también sobre la conveniencia de tramitar por el procedimiento de lectura única la proposición de ley para modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, presentada por el Grupo Popular, y tres proposiciones no de ley, dos registradas por el PSOE y una por el PP. La proposición no de ley que defenderán los procuradores populares se refiere a la orden de regulación de ayudas destinadas a grupos de Acción Local, mientras que las de los socialistas piden a la Junta que se realice un informe previo sobre los resultados de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2002-2006) y que se elabore, antes de que acabe el año, el Plan del Agua de Castilla y León. Las preguntas Las preguntas del Grupo Socialista, además de la formulada por Villalba, versarán sobre el proyecto urbanístico de la Ciudad del Golf de la localidad abulense de Las Navas del Marqués, las «descalificaciones» de la Junta y el PP hacia los informes del Consejo de Cuentas y varias cuestiones relacionadas con la sanidad, entre otras. Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero, preguntará si la Junta de Castilla y León va a tomar alguna medida para impedir que «los escolares de la región puedan estudiar libros de editoriales que carecen del más mínimo rigor histórico, científico y docente».