La Junta destina 84 millones para pagar la extra de los funcionarios

Junta, CC.OO., UGT y CSI-CSIF suscribieron ayer un acuerdo que desarrolla el Decreto de retribuciones de los alrededor de 85.000 empleados públicos de la Administración autonómica, por el que en tres años se destinarán 84 millones de euros hasta lograr el 100% de la paga extra para todos estos trabajadores, aplicando para ello el complemento específico a la misma, algo que hasta ahora no se hacía. El acuerdo, en cuya firma participaron los consejeros de Hacienda y Presidencia, Pilar del Olmo y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, contempla un desembolso en el 2007 del 50% de complemento (48 millones) en las pagas de junio y diciembre, en el 2008 un 25%, y el mismo porcentaje en el 2009, hasta consolidar el montante global de 84 millones. Frente al Gobierno central Del Olmo destacó el «gran esfuerzo» realizado por la Junta para cerrar este acuerdo que «beneficia a todos los empleados públicos» de la Junta, con lo que se «mejora» la normativa estatal al respecto, según dijo, ya que el Ejecutivo central «ha retocado a la baja los complementos de algunos grupos» y sólo abonará en 2007 el 33% en las extras, cuando en Castilla y León se llegará al 50%. «Existe una gran diferencia y es que en Castilla y León entendemos que se trata de un derecho para todos los empleados, frente al Gobierno que sólo ha mejorado los complementos para algunos grupos», dijo. La consejera también comentó que para el personal docente junto al complemento específico se unirá el denominado sexenio, y para el sanitario los que sean análogos. Del Olmo aclaró que también se adaptarán los complementos específicos más bajos, y se garantizará un mínimo adecuado a cada categoría. Por último, explicó que se crearán dos fondos dotados en ambos casos de dos millones de euros, que servirán para mejorar los salarios más bajos de los funcionarios, uno de los cuales se centrará en el colectivo sanitario. Para finalizar, enmarcó el acuerdo dentro del proceso de Diálogo Social en la Comunidad, como »desarrollo» del Decreto de retribuciones para el año 2007, no como una modificación del mismo. Por su parte, el secretario general de la FSAP de CCOO en Castilla y León, Luis Fernández Gamazo, calificó el acuerdo de «positivo» y afirmó que supone «dar marcha atrás a un decreto lesivo» para los intereses de los empleados públicos de la comunidad. Asimismo, recordó que la Junta se «quedó atrás» en la aplicación de la normativa básica estatal, pero «el anuncio de movilizaciones» ha permitido la consecución del acuerdo.